El grupo parlamentario del Partido MORENA presentó una iniciativa de reforma al Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato, a fin de impulsar una gobernanza hídrica democrática, adicionar el concepto de violencia hídrica de género, incorporar el principio de igualdad sustantiva y actualizar el término cultura del agua.
Al hacer uso de la voz, la diputada Miriam Reyes Carmona indicó que el derecho humano al agua exige condiciones mínimas de disponibilidad, calidad, seguridad, accesibilidad física, asequibilidad y aceptabilidad, mientras que el saneamiento incorpora requisitos de salubridad, privacidad, dignidad y seguridad.
La congresista señaló la violencia hídrica de género como un fenómeno que surge de modelos de urbanización y provisión de servicios que priorizan zonas con mayor poder político y económico, que distribuyen de manera desigual el poder de decisión, junto a normas de género que asignan a las mujeres la responsabilidad cotidiana de garantizar el agua para cocinar, limpiar, cuidar y sostener la vida doméstica.
Aunado a lo anterior, la legisladora mencionó que en el estado persisten zonas, principalmente comunidades rurales, asentamientos irregulares y colonias con servicio intermitente, donde el suministro no es continuo y depende de tandeos o abastecimiento mediante pipas, y que cuando el agua no está disponible de manera permanente dentro del hogar, la responsabilidad de obtenerla suele recaer mayoritariamente en mujeres y niñas.
Reyes Carmona precisó que la propuesta busca incorporar criterios de suficiencia, seguridad, accesibilidad, asequibilidad, continuidad y sostenibilidad, además de impulsar una gobernanza hídrica democrática y con enfoque de género, al garantizar la participación igualitaria y efectiva de la ciudadanía en la planeación, gestión y distribución del agua, así como añadir el concepto de violencia hídrica de género que permita identificar, prevenir y atender desigualdades estructurales en el acceso, uso y gestión del agua.
También se plantea incorporar el principio de igualdad sustantiva, para orientar la actuación de las autoridades hacia la identificación y eliminación de brechas de desigualdad y garantizar condiciones de equidad reales. De igual forma, que se dote de atribuciones al Estado para la ejecución de políticas públicas con perspectiva de género y la elaboración y coordinación del Protocolo Estatal de Prevención y Atención de la Violencia Hídrica de Género en coordinación con los ayuntamientos.
Finalmente, se propone asegurar que, en contextos de escasez o restricciones al servicio, las medidas adoptadas por los organismos operadores no generen impactos desproporcionados en mujeres, niñas y personas en situación de vulnerabilidad, garantizando el acceso mínimo indispensable para usos domésticos y de cuidado.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública, para su estudio y dictamen; y a la Comisión de Igualdad de Género para la emisión de opinión.