Con el objeto de garantizar el derecho a la protección de la salud de las personas, mediante la prohibición de la producción, distribución, comercialización y enajenación de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos similares, el grupo parlamentario del Partido MORENA presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado de Guanajuato.
Al dar lectura a la exposición de motivos de la propuesta, el diputado Antonio Chaurand Sorzano se refirió a la problemática de salud que genera el consumo de productos de tabaco o sus derivados y, dijo, que el tabaquismo es la principal causa de muerte en el mundo que puede evitarse y prevenirse en un cien por ciento.
Mencionó que, los cigarrillos electrónicos surgieron a principios del siglo XXI como una alternativa al consumo de tabaco tradicional, cuya finalidad principal fue ofrecer una opción menos nociva para fumadores adultos, reduciendo la exposición a las sustancias tóxicas presentes en el humo del tabaco.
Sin embargo, indicó que, organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud han advertido que esos dispositivos no son inocuos, ya que contienen sustancias tóxicas y generan adicción.
El congresista manifestó que, en México, más de 16 millones de personas consumen tabaco, y de forma alarmante, casi un millón son adolescentes; y que el tabaquismo cobra la vida de 173 personas en el país cada día, lo que equivale a más de 63 mil muertes al año atribuibles directamente a su consumo.
También precisó que, aunque los vapeadores y cigarrillos electrónicos se promocionan principalmente para adultos, en la práctica han captado la atención de un gran número de jóvenes debido, en gran medida, a sus diseños llamativos y al uso de líquidos de colores con sabores atractivos.
Chaurand Sorzano señaló que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2023, la prevalencia de uso de cigarro electrónico en población adolescente mexicana fue de 4.3%, cerca de un millón de adolescentes, lo que representa más del doble de los adolescentes usuarios de esos dispositivos respecto al 1.8% que se reportó en 2021, datos alarmantes, enfatizó, si se considera que no se tiene certeza sobre la calidad de los ingredientes con los que se elaboran esos productos.
Finalmente, argumentó que se busca armonizar el marco jurídico local con el nacional para establecer la protección de la salud de la ciudadanía y a través de ello, proteger a niñas, niños y adolescentes, quienes, según estudios recientes, se han convertido en los principales consumidores de vapeadores.
La propuesta busca prohibir la producción, distribución, comercialización y enajenación de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas electrónicos análogos que determine la ley. De igual forma, queda prohibido el ejercicio de profesiones, industrias, actividades comerciales internas o externas, trabajos o cualquier otra actividad relacionada con dichos productos.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.