El grupo parlamentario del PRI presentó un punto de acuerdo para identificar a las instituciones educativas de nivel básico y medio superior en la entidad que cuentan con infraestructura indispensable para garantizar el acceso a la educación de las personas con discapacidad y/o con trastornos generalizados del desarrollo y aquellas que no cuentan con la misma.
La propuesta consiste en exhortar a los titulares de la Secretaría de Educación federal y estatal, de la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad, así como a los cuarenta y seis municipios del estado de Guanajuato para que en ejercicio de sus atribuciones realicen un estudio por medio del cual identifiquen las escuelas de nivel básico y medio superior del Estado que cuentan con la infraestructura indispensable para garantizar el acceso a la educación de las personas con discapacidad y/o con trastornos generalizados del desarrollo, y qué escuelas de los referidos niveles en la entidad no cuentan con la infraestructura necesaria en la materia.
Además, una vez que se cuente con el estudio, se destinen los recursos, conforme al principio de progresividad de los derechos, indispensables para dotar de infraestructura a las escuelas de nivel básico y medio superior que no cuenten con la infraestructura para garantizar el acceso a la educación de las personas con discapacidad y/o con trastornos generalizados del desarrollo.
Al dar lectura a las consideraciones del documento, la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia señaló que el derecho a la educación es un derecho universal el cual aplica para todas las personas, incluidas las personas con discapacidad.
Precisó que la educación inclusiva garantiza la universalidad y la no discriminación en el derecho a la educación. Sin embargo, destacó que se han construido sistemas paralelos de educación. “Por un lado la escuela común, y la escuela especial, construyendo identidades especiales a sabiendas de que no existen, se empeñan en hacerlas existir”, comentó.
Tiscareño Agoitia refirió que se debe dejar de lado el sistema paralelo de educación, en el entendido de que todo alumno es parte de un único sistema educativo, ya que el objetivo es que todos los alumnos aprendan y desarrollen su máximo potencial.
“El sistema educativo debe garantizar una oferta educativa que respete todas las variables individuales, evitando cualquier tipo de discriminación. En este sentido, es imprescindible el ejercicio del derecho a la educación de las personas con discapacidad y más concretamente el derecho a la educación inclusiva”, señaló.
Finalmente, externó que tanto la Ley General de Educación como la Ley de Educación estatal establecen una coincidencia en prever que, tratándose de personas con discapacidad y con trastornos generalizados del desarrollo, pueden elegir cursar sus estudios en los planteles de educación básica y medida superior, y que, además, cuenten con la opción de acceder a las diversas modalidades de educación especial atendiendo a sus necesidades.
El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura para su estudio y dictamen.