La diputada Hades Berenice Aguilar Castillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, presentó una iniciativa de reforma a diversas disposiciones de la Ley de Justicia Cívica del Estado de Guanajuato para garantizar los derechos a la no discriminación, la libertad del trabajo y a la libertad de expresión en los requisitos para acceder a diversos cargos dentro de un juzgado cívico en la entidad.
La congresista señaló que con la Ley de Justicia Cívica estatal se buscaron nuevas formas para solucionar conflictos derivados de la convivencia cotidiana, con la intención de evitar que los problemas crecieran y se privilegiara la vía pacífica. Además, enlistó algunas de las atribuciones de ésta.
Asimismo, externó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos consideró que los artículos de la ley en mención que establecen los requisitos para acceder a diversos cargos dentro de un juzgado cívico en la entidad, como lo es un juez, facilitador, secretario, defensor de oficio y médico son discriminatorios.
En ese sentido, precisó que al establecer como requisito el no haber sido suspendido o inhabilitado para el desempeño de un cargo público, contravenía a los derechos de igualdad y no discriminación, la libertad de trabajo y de acceso a un empleo público.
Aguilar Castillo argumentó que era inconstitucional, debido a que constituye una prohibición absoluta que impide de forma injustificada que las personas que se encuentren en tal circunstancia puedan acceder a ocupar los cargos antes mencionados, aún cuando hayan cumplido las sanciones correspondientes.
“Esta iniciativa plantea que esas fracciones sean reformadas, manteniendo el espíritu que les dio vida, pero con la adecuación de que se les prohíba desempeñar esos encargos, siempre y cuando las conductas ilícitas por las que se les sancionó o inhabilitó, se encuentren estrechamente vinculadas con el empleo de que se trate”, comentó.
Agregó que se plantea establecer como requisito no haber sido suspendido o inhabilitado para el desempeño de un cargo público, siempre y cuando las conductas ilícitas por las que se les sancionó o inhabilitó, se encuentren estrechamente vinculadas con el empleo correspondiente.
Finalmente, expresó que la labor legislativa debe centrarse en emitir leyes que no vulneren los derechos fundamentales.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen.