Integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron una iniciativa de reforma a la Ley para la Protección de los Pueblos y Comunidades Indígenas en el Estado de Guanajuato, con la finalidad de hacer viable el beneficio de desventaja social de los pueblos o comunidades indígenas o cualquiera de sus integrantes, en la aplicación de trámites administrativos y en la jurisdicción estatal o municipal.
Al hacer uso de la voz, el diputado Gustavo Adolfo Alfaro Reyes expresó que, a pesar de los avances jurídicos en el tema de pueblos indígenas, su acceso a la justicia es generalmente difícil, su participación política es limitada, sus niveles socioeconómicos se encuentran por debajo del promedio nacional, su identidad cultural es negada y sus características culturales son menospreciadas por la sociedad mayoritaria o hegemónica.
El legislador señaló que la desventaja social que los ha acompañado se puede entender por las condiciones especiales de ausencia de conocimientos tradicionales, pobreza extrema o marginación, por lo que la existencia de ciertas acciones daría pauta a que los grupos que han sido marginados puedan acceder al pleno goce de sus derechos.
Por ello, el congresista indicó que, para favorecer el acceso a la justicia a los pueblos y comunidades indígenas, las autoridades deberán ordenar en forma gratuita la publicación de los edictos en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato, deberán eximir de presentar las copias de traslado de la denuncia, demanda y recursos, así como gratuidad en la expedición de trámites registrales de cualquier naturaleza ante autoridades estatales o municipales y expedición de actas del estado civil.
Finalmente, Alfaro Reyes precisó que en los casos donde se deba aplicar la suplencia de la queja, las autoridades deberán resolver con visión diferenciada sobre las características culturales propias de los pueblos o comunidades indígenas de que se trate. Todo ello para perfeccionar el concepto de beneficios de desventaja social en la aplicación de la jurisdicción estatal.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables para su estudio y dictamen.