La Junta de Gobierno y Coordinación Política presentó una iniciativa de reforma a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato en materia de investigación policial y modelo de investigación operacional para fortalecer la estrategia de seguridad pública estatal y municipal.
En la exposición de motivos de la propuesta, se señala que, en el México actual, el incremento del índice delictivo, así como de hechos violentos tiene su origen en el fortalecimiento de los grupos criminales, los cuales han expandido su dominio en diversas regiones del país, y Guanajuato no ha estado exento de ese fenómeno.
Se indica que el desarrollo económico de Guanajuato y su ubicación geográfica en el país lo hacen atractivo para el asentamiento de grupos delincuenciales, que pretenden colonizar el territorio estatal con fines criminales, afectando la estabilidad social y haciendo propicio el incremento de los índices delictivos.
Se agrega que la función de seguridad pública es responsabilidad de las instituciones policiales, en específico de la Secretaría de Seguridad Pública estatal o bien municipal o de las direcciones de Policía Municipal y de la Fiscalía General del Estado, las cuales cuentan con recursos humanos, financieros y materiales para el ejercicio de sus funciones y combate a la delincuencia, pero sólo la Fiscalía General del Estado, a través de la Agencia de Investigación Criminal lleva a cabo diversas acciones que respalden la investigación del delito.
Por otro lado, se precisa que la actuación de la Fiscalía General es de naturaleza reactiva y queda en segundo plano la prevención de delito; mientras que por el contrario las Secretarías de Seguridad Pública ya del ámbito estatal o municipal, realizan detenciones solo en flagrancia, sin ejercer funciones de investigación, lo cual no contribuye de manera óptima al combate a la delincuencia.
En el texto se subraya que en la práctica las detenciones en flagrancia son mínimas en comparación con los hechos delictivos que se cometen, lo cual genera que prácticamente las detenciones se den por delitos menores o por faltas administrativas, pero no por delitos que atentan contra los bienes jurídicos de mayor valía para la sociedad como son la vida, la libertad, la integridad física y el patrimonio, siendo sin duda alguna limitada la actuación de las policías estatales y municipales.
Se enfatiza que, ante la actuación limitada de las instituciones policiales al actuar solamente en flagrancia, hacen nula la construcción de expedientes policiales que permitan investigar al detenido, para establecer redes de vínculos y líneas de investigación que permitan vincularlo con la comisión de otros delitos, incluidos los de la delincuencia organizada.
“Con esta reforma se garantiza que las instituciones de seguridad pública, estatal y municipales tengan facultades para ejercer la investigación policial para el esclarecimiento de los hechos, eliminando conceptos y términos legales que impiden o limitan el ejercicio de sus funciones; así como redefinir la función de investigación de las instituciones policiales para el mejor cumplimiento de sus objetivos, precisando la función de investigación policial e implementando un Modelo de Investigación Operacional”, se concluye.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones para su estudio y dictamen.