Con el objeto de garantizar el acceso a la justicia para la población y en particular para las víctimas, contar con mayor eficacia en las policías y en el abatimiento de la impunidad, así como con un Ministerio Público verdaderamente autónomo, el grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa de reforma a diversas normas legales y la creación de nuevas leyes.
Plantean modificaciones a las leyes Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado; del Sistema de Seguridad Pública del Estado y para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato; así como la creación de la Ley Orgánica de la Agencia de Investigación Criminal del Estado de Guanajuato y de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Guanajuato.
Al dar lectura a la exposición de motivos de la propuesta, la diputada Sandra Alicia Pedroza Orozco señaló que hasta ahora, la investigación de los delitos ha sido, en la práctica, una facultad exclusiva de la Fiscalía General del Estado, que se han hecho inversiones millonarias en tecnología, capacitación e infraestructura, sin embargo, los niveles de impunidad han tenido variaciones marginales, la cifra negra sigue siendo muy alta y la percepción de inseguridad entre los guanajuatenses continúa elevada.
“Es indispensable que la capacidad de recibir denuncias y de investigar los delitos se expanda a las policías estatales como las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, sobre todo aquellas que realizan labores de proximidad y, fundamentalmente, a las policías municipales que por su cercanía con la ciudadanía tienen un contacto mucho más directo con las víctimas”, enfatizó.
La legisladora detalló las diversas deficiencias que se encuentran en el sistema y la necesidad de fortalecer las capacidades del Ministerio Público con más personal y recursos para mejorar la atención.
En ese sentido, habló de las reformas que se proponen a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado entre las que se contempla sustituir a la Secretaría de Seguridad y Paz por la Secretaría de Justicia, con el fin de crear una dependencia con las atribuciones necesarias para articular la política criminal en el Estado; especificar que la persona titular de la Secretaría de Justicia será nombrada y removida a propuesta de la gobernadora con ratificación de las dos terceras partes de quienes integran el Congreso del Estado; establecer en las atribuciones de la citada Secretaría, ajustando las que hoy tiene asignadas la Secretaría de Seguridad y Paz con aquellas que le corresponden a la Fiscalía General del Estado, exclusivamente en materia de investigación del delito.
En cuanto a la Ley del Sistema de Seguridad Pública dijo que se plantea cambiar la denominación de policía ministerial por la Agencia de Investigación Criminal; establecer como una de sus principales funciones la de garantizar el acceso a la justicia para la población del Estado; añadir la investigación de los delitos como una de las funciones fundamentales de las instituciones policiales; establecer como atribución de las policías municipales la investigación de los delitos bajo la conducción y mando del ministerio público.
Sobre la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato precisó que se pretende establecer que todas las policías municipales deben contar con unidades de investigación de los delitos, las cuales actuarán bajo la conducción y mando del Ministerio Público en el ejercicio de esta función; fijar que si de los expedientes de las infracciones municipales se desprenden hechos constitutivos de delito se debe informar a la unidad de investigación de la policía municipal en lugar del Ministerio Público, por mencionar algunas.
Pedroza Orozco indicó que uno de los grandes errores que ha cometido el sistema de justicia actual es ubicar en la misma institución, como las fiscalías estatales y la federal, el poder de investigar los delitos, de acusar y litigar en contra de los probables responsables de cometerlos.
“La autonomía constitucional otorgada a la Fiscalía General del Estado con la intención de evitar su uso para fines distintos a la procuración de justicia, se ha convertido en una coartada para restarle responsabilidad al Poder Ejecutivo en la investigación de los delitos y en el combate a la impunidad”, puntualizó.
En ese sentido, argumentó que el Ministerio Público, liberado de las tareas operativas de investigación de los delitos, será la institución que dirija jurídicamente a las policías para que sus investigaciones permitan obtener las pruebas necesarias para solicitar las órdenes de aprehensión, en su caso formular la imputación y litigar ese proceso ante los tribunales del Estado.
La congresista subrayó que, fundamentalmente, se trata de separar las instituciones que investigan materialmente el hecho delictivo, del Ministerio Público que dirige jurídicamente la investigación y posteriormente la litiga en los tribunales.
Agregó que, la institución investigadora dependerá del Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Justicia, pero la conducción y mando de la investigación y el monopolio y la responsabilidad exclusiva en el ejercicio de la acción penal seguirá siendo del Ministerio Público autónomo.
Como parte de la reforma, manifestó que se crea la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Guanajuato con la que se crearían Fiscalías de Partido; se propone que en cada partido judicial haya una fiscalía autónoma con los fiscales adjuntos y el personal auxiliar necesario para dirigir las investigaciones policiales y representar los intereses de la sociedad en los juicios penales; se contempla la conformación de las Unidades Mixtas de Investigación y se elimina la figura del Fiscal General, entre otros aspectos.
“Con esta propuesta se amplían exponencialmente las capacidades de investigación a través de las policías y se fortalece la capacidad de litigación con fiscalías más enfocadas en su labor jurídica, pero sobre todo se generan los incentivos necesarios para que las fiscalías formulen imputaciones sólidas y litigios que permitan que se esclarezcan los hechos, se proteja al inocente, que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen”, enfatizó la diputada.
Finalmente, señaló que se plantea la expedición de la Ley Orgánica de la Agencia de Investigación Criminal del Estado de Guanajuato para eliminar restricciones que hasta ahora hay para que las policías puedan llevar a cabo la investigación con la diligencia y eficacia que esta tarea requiere.
Lo relativo a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, se turnó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales; lo correspondiente a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado se mandó a la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones; lo relativo a la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato se remitió a la Comisión de Asuntos Municipales; mientras que lo que toca a la creación de la Ley Orgánica de la Agencia de Investigación Criminal del Estado de Guanajuato y de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Guanajuato, se turnó a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen.