El grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentó ante el Pleno del Congreso una iniciativa para que Guanajuato cuente con un nuevo ordenamiento que regule la vida de los municipios.

La nueva Ley Municipal contempla regular no únicamente el aspecto orgánico de las 46 localidades, sino que atenderá a desarrollar las bases generales para la creación de sus ordenamientos jurídicos con el fin de brindar mayor claridad y certeza jurídica, tomando como base los principios constitucionales del Municipio Libre y la libertad hacendaria.

Durante la exposición de motivos, el diputado Armando Rangel Hernández señaló que es necesario emitir una norma que atienda la problemática vigente mediante la inclusión de nuevas figuras jurídicas que actualmente no se encuentran previstas en la Ley Orgánica Municipal, instrumento que ha dejado de ser un ordenamiento orgánico derivado de las múltiples reformas que ha sufrido.

“Esta nueva ley responde al espíritu constitucional y convencional; pretende fortalecer el actuar de la Administración Pública atendiendo a los cambios constantes y realidades sociales de nuestro estado, a fin de que la sociedad se desarrolle en un ámbito de mayor participación y gobernabilidad, comprometiendo a los Ayuntamientos a prestar con mayor calidad sus servicios y funciones; a coordinarse y administrarse de manera clara y eficiente. Tomando como base las normas que a lo largo del tiempo han mostrado su eficacia y su operatividad de la actual Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato”, apuntó.

Explicó que la iniciativa fue redactada con un enfoque didáctico y con lenguaje incluyente. Destaca la paridad de género en la integración y funcionamiento de las instituciones que integran el gobierno municipal, prevé la incorporación de instituciones que fomentan el principio del municipio abierto con un enfoque participativo, el cual reconoce a la población como un ente dinámico y en continua evolución.

El legislador agregó que la propuesta contempla los principios de Gobierno Abierto: la participación ciudadana, transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictaminación.