El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional presentó una iniciativa de reforma a las Leyes Orgánica del Poder Legislativo, Orgánica del Poder Ejecutivo, Orgánica del Poder Judicial, Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, de Instituciones y Procedimientos Electorales y de Transparencia y Acceso a la Información Pública con el objeto de establecer como parte de la capacitación obligatoria para todo el personal de las citadas instituciones la perspectiva de género.
En su exposición de motivos, la diputada María de la Luz Hernández Martínez manifestó que la perspectiva de género es una metodología que permite identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres y los hombres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la equidad de género.
Agregó que su uso permite identificar y cuestionarse sobre los estereotipos que la sociedad ha asignado a cada sexo, con los que han sido criadas, educadas, formadas y encasilladas todas las personas, pero más las mujeres, por lo que su aplicación proporciona la posibilidad de cuestionarnos y de crear nuevos conceptos que regulen las relaciones entre las personas, donde no se perpetúen las desigualdades, la violencia y la discriminación.
“En la actualidad resulta imprescindible que se reconozca la necesidad de la implementación de esta perspectiva, con la que se pretende contribuir a la transformación y deconstrucción, derribando conceptos y redefiniéndolos en una realidad distinta a la que se conoce tradicionalmente”, enfatizó Hernández Martínez.
Agregó que con la aplicación de la perspectiva de género se podrán modificar los conceptos conocidos, logrando visibilizar a las mujeres e identificar las relaciones de poder y desigualdad entre los géneros que caracteriza a los sistemas patriarcales y androcéntricos.
La legisladora subrayó que era urgente la necesidad de abatir los desequilibrios que existen entre mujeres y hombres mediante acciones como la modificación de los constructos sociales, costumbres, prácticas, valores y reglas que reproducen la desigualad y limitan el desarrollo pleno de las personas.
Finalmente, argumentó que salvaguardar el derecho a la igualdad para toda persona es una obligación del Estado que con la propuesta en cuestión se busca fortalecer, incluyendo la aplicación de la perspectiva de género como una asignatura obligatoria para el servicio público.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.