El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó una iniciativa de reforma a la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato para que los ayuntamientos municipales se abstengan de disponer del personal de seguridad pública municipal, mediante contratos remunerados para actividades privadas, con el fin de garantizar la función de seguridad pública.
Al presentar la exposición de motivos, la diputada Rocío Cervantes Barba manifestó que, en varios municipios del estado, los elementos policiales integrantes de las Secretarías de Seguridad Pública o de policías municipales, son utilizados mediante contratación para vigilancia de particulares, o bien, para cubrir eventos particulares como son festejos y fiestas privadas, cuando en la actualidad, dijo, no es desconocido el déficit en recursos humanos que tienen esos cuerpos de seguridad pública.
Afirmó que era momento de sujetar a los municipios para que no sigan utilizando a los elementos de los cuerpos de seguridad pública para cubrir o hacer vigilancia a particulares, aun cuando ello esté autorizado en sus leyes de ingresos, dada la disminución de personal policial.
La congresista señaló que dicha prohibición legal tendría razón de ser, porque en la actualidad existen cuerpos de seguridad privada regulados en el estado, servicios a los cuales pueden acudir los particulares que necesiten el servicio de vigilancia o protección para sus eventos particulares y en cambio no utilizar a servidores públicos del municipio en materia de seguridad pública.
Cervantes Barba subrayó que es importante prohibir a los municipios la autorización para que se realice esa prestación de servicio, no obstante que se pague por ello y signifique un ingreso para las arcas municipales, a fin de que se atienda con mayor eficacia la función de prevención y mediación a que están obligados y cumplir con la nueva función de investigación que se les ha otorgado en la ley, priorizando así la seguridad pública como valor supremo en beneficio de la ciudadanía en lo general.
Finalmente, puntualizó que es una medida que quizá disminuye los ingresos a los municipios; sin embargo, era prioritario ponderar que no es tiempo de realizar este tipo de servicios, y es mejor aprovechar al máximo el recurso humano y las capacidades de los cuerpos policiales.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Asuntos Municipales para su estudio y dictamen.