En sesión de la Comisión de Justicia se radicaron cuatro propuestas legales.
Se trata de dos puntos de acuerdo; uno para exhortar al Senado de la República con la finalidad de que analice y apruebe, a la brevedad, la reforma en materia de pensiones que permitirá crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar y garantizar el derecho humano a una pensión digna; y el otro pretende solicitar a los titulares del Poder Ejecutivo estatal y de la Secretaría de Gobierno para que se tomen las medidas administrativas y presupuestarias y dotar de recursos materiales y humanos a la Dirección General de Registros Públicos de la Propiedad y de Notarías del Estado de Guanajuato con la finalidad de que cumplan con eficacia y eficiencia la supervisión de las notarías públicas en esta entidad.
De igual manera, dos iniciativas reforma al Código Penal. La primera para incrementar la pena y actualizar las hipótesis típicas y de agravación del delito de extorsión a las formas de afectación material, virtual, al comercio, la industria, así como la distribución de mercancías, productos y servicios; la segunda, busca se aumente la sanción en el delito de cobranza extrajudicial ilícita en el caso en que intervenga más de una persona, medie contrato, promesa o cualquier contraprestación, se utilicen armas de fuego, participe un servidor público, se utilicen menores de edad, se forme parte de un grupo de prestamistas y se ostente o se pertenezca a una organización criminal.
Para su estudio se remitirán al Supremo Tribunal de Justicia, a la Fiscalía General y a la Coordinación General Jurídica para opinión por el término de 15 días hábiles; se habilitará una liga en el portal de internet del Congreso del Estado para consulta y participación ciudadana, por el mismo periodo; y se llevará a cabo una reunión de análisis con funcionarios a los que se solicite opinión.
Además, se analizó la iniciativa de reforma al Código de Procedimientos Civiles estatal con la finalidad de dotar de efectividad la ejecución de la medida precautoria de separación de cónyuges, evitando poner en riesgo a quien la solicita y sus hijos, ante una situación en que se intente impedir sea llevada a cabo la contraparte del solicitante.
Al respecto, se comentó que el Poder Judicial señaló que la materia procesal civil dejó de ser competencia de los Estados, por lo que el congresista Bricio Balderas Álvarez manifestó que al poder incurrir en una inconstitucional se instruía la elaboración del dictamen en sentido negativo.
Finalmente, se dio cuenta con el oficio mediante el cual se comunica el acuerdo de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, sobre las consultas a las personas con discapacidad; así como con el oficio emitido por la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables donde manifiestas su coincidencia con dicha resolución.
El diputado Bricio Balderas Álvarez, presidente de la Comisión, comentó que por esta instancia legislativa no existía inconveniente en que se realice una consulta para todas las iniciativas y solicitó que, previo a la implementación del mecanismo de consulta, se presenten los documentos para realizarla a fin de estar informados.
En la reunión estuvieron presentes las diputadas Ana Teresa Camarena Gómez y María Abigail Ortiz Hernández; así como los diputados Bricio Balderas Álvarez (presidente), Cuauhtémoc Becerra González y Gustavo Adolfo Alfaro Reyes.