La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales realizó diferentes mesas de trabajo para analizar tres iniciativas de reforma a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato en materia de apoyos sociales y pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
Apoyos sociales
La primera propuesta busca establecer que el Estado garantizará apoyos económicos a las mujeres y a los grupos en situación de vulnerabilidad.
Al hacer uso de la voz, Vicente Vázquez Bustos, representante de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Guanajuato, expresó que la iniciativa contribuye al avance de los derechos humanos de las personas en condición de pobreza, así como garantizará y dará la visibilidad para las mujeres para que Guanajuato tenga un avance en la igualdad y protección del sector mencionado.
La representación de la Secretaría del Nuevo Comienzo dijo que la incorporación de los programas sociales en el texto constitucional se configura como un instrumento esencial para la protección y promoción de los derechos humanos, por lo que la propuesta reafirma el compromiso del Estado con la dignidad humana, la equidad y el desarrollo social integral.
Por su parte, Itzel del Rocío Vega Romero, de la Secretaría de Finanzas del Estado de Guanajuato, precisó que la iniciativa tiene como respaldo la Constitución Federal y los Tratados Internacionales, al igual que es congruente con los objetivos de desarrollo sostenible de manera particular con los relacionados con la erradicación de la pobreza, la igualdad de género y la reducción de desigualdades.
En su intervención, Synthia Viviana Cifuentes Adón del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses del Gobierno del Estado de Guanajuato, indicó que la propuesta ayudará a lograr un empoderamiento y una autonomía para las mujeres, quienes son más vulnerables cuando se encuentran en una desigualdad económica o en una brecha salarial, por lo que los apoyos otorgados al sector son una estrategia efectiva para reducir la pobreza y fomentar su autonomía.
Asimismo, Luis Alberto Estrella Ortega, de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, manifestó que a la luz del principio de progresividad de los derechos humanos, la organización que representa se pronuncia a favor de constitucionalizar aquellos programas sociales que tengan como finalidad mejorar la calidad de vida digna de las mujeres y los apoyos económicos que se plantean en la iniciativa.
Gerardo Trujillo Flores, titular de la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas del Congreso del Estado de Guanajuato, señaló que se identificó un impacto presupuestal y que un 40% del presupuesto se ejercen programas específicos en atención a grupos vulnerables y al tema de perspectiva de género. Agregó que habría que analizarse la viabilidad de otorgar la atención a los grupos mencionados en los términos en los que se plantea en la misma propuesta con una progresividad formal y un análisis presupuestal.
Al hacer uso de la voz, la diputada Susana Bermúdez Cano comentó que se coincide con el tema de que se pueda encontrar una mejor redacción en el tema de apoyos económicos a las mujeres y poder garantizar los cambios deseados.
El legislador Rodrigo González Zaragoza expresó que aparte de mejorar la redacción de la iniciativa se debe clarificar el gasto que se busca programar para garantizar los derechos fundamentales de las mujeres en situación de vulnerabilidad.
El congresista Aldo Iván Márquez Becerra dijo celebrar el que se lleve a cabo la propuesta del Ejecutivo por garantizar la protección y atención en los programas que tengan que ver con el fortalecimiento a las mujeres y a los grupos vulnerables, donde la redacción se perfeccionará con las leyes secundarias que rijan el comportamiento del presupuesto.
La diputada María Eugenia García Oliveros indicó que las modificaciones puestas a discusión coinciden con la visión de justicia, búsqueda del apoyo universal sin filtros excluyentes ni condicionamientos que perpetúen desigualdades, siendo fundamental que la iniciativa no quede en palabras y se traduzca en un paso firme hacia la igualdad sustantiva.
La legisladora María Isabel Ortiz Mantilla manifestó que la discusión de la propuesta muestra el interés de impulsar los derechos humanos de las mujeres, porque es fundamental que se muestre en la Constitución local que las mujeres mejoren su calidad de vida.
Finalmente, el congresista Juan Carlos Romero Hicks señaló que hay cuatro ingredientes que se van a tener que ensamblar como lo es la posible reforma constitucional en materia local, la parte de política pública, la aplicación de presupuesto y los cambios a las leyes particulares a partir de la aprobación de la propuesta nacional, por lo que es un proceso perfectible.
Pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas
También se analizaron las iniciativas que tiene la finalidad de reconocer a nivel constitucional a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio.
En su intervención, Karla Michelle Cruz Vega, representante de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Guanajuato, expresó que el producto legislativo que se tiene en análisis es un punto de inflexión en la toma de decisiones concretas y que por tanto es viable por atender el mandato de armonizar la Constitución Política local.
Luis Alberto Estrella Ortega, de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, precisó que se debería realizarse un abordaje integral de los derechos y garantías reconocidas, pues se observan algunos temas que no se abordan en la iniciativa, como: la jurisdicción indígena, los sistemas normativos indígenas, la protección del patrimonio cultural, material e inmaterial; entre otros.
En su intervención, la diputada Plásida Calzada Velázquez dijo que se cuenta con 180 días para llevar a cabo las reformas a nivel local y así homologar con las normas generales, junto a que actualmente se está haciendo un proceso de consulta a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas donde se están llevando en ellas asambleas con la finalidad de enriquecer la propuesta.
La legisladora Susana Bermúdez Cano pidió que se garantice que estén recogidas todas las propuestas de las autoridades para que al momento en el que se les consulte a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas se tenga un documento para mayor claridad y entendimiento.
Finalmente, el congresista Juan Carlos Romero Hicks comentó que hay una coincidencia en la intención de reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio y que se atiendan sus necesidades de desarrollo económico, social y ambiental, por lo que se prestará atención a las deliberaciones finales.
En la reunión estuvieron presentes las diputadas Plásida Calzada Velazquez, Susana Bermúdez Cano, Rocío Cervantes Barba, María Eugenia García Oliveros, María Isabel Ortiz Mantilla; así como los diputados Juan Carlos Romero Hicks (presidente), Sergio Alejandro Contreras Guerrero, Rodrigo González Zaragoza, y Aldo Iván Márquez Becerra.
En compañía de representantes de la Secretaría del Nuevo Comienzo; Secretaría de Finanzas; Secretaría de Derechos Humanos; Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Guanajuato; Instituto para las Mujeres Guanajuatenses del Gobierno del Estado de Guanajuato; Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato; y personal de diferentes áreas del Congreso del Estado de Guanajuato.