Convocadas por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales se llevaron a cabo dos mesas de trabajo para analizar el mismo número de iniciativas de reforma a la Constitución Política local.
Garantizar derechos de las personas con discapacidad
En la primera mesa se analizó la propuesta que pretende se garanticen plenamente los derechos de las personas con discapacidad.
Con ella se busca armonizar la Constitución Política local con el reconocimiento de derechos de personas con discapacidad contenidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la obligación que existe de adaptar la legislación a ésta.
Alberto Estrella de la Procuraduría de los Derechos Humanos comentó que las autoridades tienen la obligación de garantizar los derechos humanos de las personas con discapacidad y después los ajustes razonables; y que se tendría que hacer una consulta a este grupo vulnerable.
Por su parte, Juan Ernesto Martínez Castillo del Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad enfatizó que se tiene contemplado lo señalado en la propuesta, se cuenta con una legislación vigente que está regulando día con día, que habría que darle fuerza a las leyes actuales y no sobre regular en la materia.
Mientras que, la diputada Yulma Rocha Aguilar externó que se debía considerar si se amplía la metodología para consultar a los grupos que puedan encontrarse en una situación de vulnerabilidad, independientemente de si será o no favorable el dictamen.
Fortalecer cumplimiento recomendaciones de la PRODHEG
En la segunda, se revisó la iniciativa que busca fortalecer el sistema no jurisdiccional de protección de los derechos humanos, a fin de que el Congreso del Estado, por la votación de las dos terceras partes de sus integrantes (en Pleno o en su caso la Diputación Permanente) pueda hacer comparecer, ante la comisión legislativa que corresponda, a las autoridades o servidores públicos para que informen las razones de su actuación cuando no se acepte total o parcialmente una recomendación.
Alberto Estrella de la Procuraduría de los Derechos Humanos indicó que la propuesta contravenía lo señalado en la Constitución federal que precisa que la comparecencia ante el no cumplimiento de una recomendación es a solicitud de la persona titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos, por lo que se tendría que reformar la Carta Magna.
En su intervención, Carlos Alejandro Rodríguez Pacheco de la Coordinación General Jurídica apuntó que en la entidad se respeta el modelo establecido y se debe revisar si la propuesta no lo trastocaría; así como analizar si no se limita la autonomía de la Procuraduría de los Derechos Humanos.
Finalmente, la legisladora Susana Bermúdez Cano manifestó que coincidía con lo expuesto en que la propuesta trasgrede el espíritu y la naturaleza de las recomendaciones y que son los organismos autónomos de Derechos Humanos quienes deben realizarlas, porque es un mandato y era ahí donde se entraba en el tema de la propia invasión, por lo que, instruyó la elaboración de un dictamen en sentido negativo.
En los trabajos estuvieron presentes las diputadas Susana Bermúdez Cano y Yulma Rocha Aguilar.
Además, participaron Carlos Alejandro Rodríguez Pacheco y Alejandro Domínguez López de la Coordinación General Jurídica; Juan Ernesto Martínez Castillo del Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad; y Luis Alberto Estrella Ortega de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado; así como asesores parlamentarios de los grupos parlamentarios del PAN, PRI y PVEM.