Convocadas por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales se llevaron a cabo dos mesas de trabajo para analizar el mismo número de propuestas legales.
Iniciativa para crear la Secretaría de las Mujeres
En primer lugar, se analizó la iniciativa de reformas y adiciones a diversas leyes estatales con el objeto de crear la Secretaría de las Mujeres del Gobierno del Estado de Guanajuato.
Francisco Rocha Balderas asesor del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México señaló que la propuesta buscaba elevar de rango al Instituto para las Mujeres Guanajuatenses y que pasara a ser la Secretaría de las Mujeres.
Argumentó que era necesario crear una institución gubernamental con peso específico dentro de la estructura centralizada del gobierno estatal, para diseñar e implementar políticas públicas y acciones del empoderamiento de las mujeres en el estado.
El asesor habló sobre los estudios de derecho comparado que realizaron para llegar a la propuesta en comento y precisó que también se contemplaba establecer como obligación de todas las dependencias de la administración pública centralizada desarrollar sus actividades para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de las mujeres, así como diseñar y ejecutar políticas públicas que garanticen la aplicación del principio de paridad de género.
Belén del Rocío Espinoza, titular de la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas, refirió que el actual instituto cuenta con un presupuesto y políticas públicas establecidas, y precisó que la creación de una Secretaría requeriría presupuestos adicionales por sus propias características, sobre todo en la parte administrativa.
Anabel Pulido, titular del IMUG, habló sobre los antecedentes del Instituto, que se comprendía que la Secretaría tendría mayores atribuciones; que se tendría que revisar en qué etapa se encontraban del plan estatal de gobierno porque éste contaba con una política trasversal de perspectiva de género a diferencia de otros estados y detalló los avances en la materia.
Por su parte, José Alberto Estrella Ortega de la Procuraduría de Derechos Humanos, indicó que siempre estarán a favor del impulso de políticas que fortalezcan la promoción de la igualdad de género; que el fortalecimiento de las instituciones no tenía que ver con la denominación de éstas; que el trabajo en la materia debía verse reflejado en otros indicadores de éxito, independientemente del nombre o estructura del organismo encargado del tema de las mujeres; entre otros aspectos.
Rocha Balderas insistió que se requería de una Secretaría para tener mayor fuerza e impacto en las decisiones que se tomen en el gobierno en materia de perspectiva de género porque se podía ver que aún no habían permeado, que entendía la posición del IMUG por el presupuesto con el que cuenta, pero que trataban de que se transitara de un organismo descentralizado a una verdadera autonomía.
El diputado Gerardo Fernández González apuntó que no compartía aspectos como el que era inviable establecer una Secretaría porque implicaría mayores recursos presupuestales, cuando el monto con el que contaba el IMUG era el doble de lo que tenía la Secretaría del Migrante, por lo que consideró que era un argumento insuficiente; señaló que el gabinete de gobierno del estado era muestra de la falta de avance, ya que era uno de los que menos mujeres tenían; y resaltó que en el tema de mujeres no solo se trataba de cumplir con los indicadores sino que se llegue al punto jerárquico más alto y en este plano era una Secretaría.
En su intervención, la congresista Laura Cristina Márquez Alcalá manifestó que era un tema en el que se tenía que realizar un análisis más amplio, pero que hasta el momento había buenos resultados por parte del Instituto y que sería importante buscar los mecanismos para fortalecerlo; mientras que la legisladora Susana Bermúdez Cano coincidió en que se debía fortalecer al IMUG en este caminar, ya que aún faltaba mucho para que en la ejecución se viera más la perspectiva de género.
Finalmente, se comentó que se dará seguimiento a lo dialogado en la mesa de trabajo.
Iniciativa para incluir en ley la perspectiva de familia
En la segunda mesa se revisó la propuesta de reforma a las leyes de Planeación para el Estado de Guanajuato y Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social para incluir la perspectiva de familia.
La diputada Laura Cristina Márquez Alcalá habló sobre la propuesta y manifestó que se busca que la perspectiva de familia sea uno de los principios que deban tomarse en cuenta al momento de elaborar los planes y programas del gobierno, con la finalidad de fortalecer de manera transversal el trabajo que se realiza desde la administración pública y responder de forma efectiva a los problemas que demanda la sociedad.
Precisó que se trata de dar una atención integral a diversas problemáticas y que las políticas, planes y programas de la administración pública tomen en cuenta las estructuras, dinámicas y realidades de las familias guanajuatenses, tanto en el diseño e implementación como en la evaluación de sus resultados.
Márquez Alcalá propuso modificar la iniciativa para que en lugar de ajustar los artículos 4 y 24 bis, se reforme el artículo 34.
La legisladora Yulma Rocha Aguilar consideró inviable la iniciativa al no haber una justificación jurídica ni estudios de tipo social y jurídico que permitan establecer el concepto de perspectiva de familia; y por otro, el replanteamiento que se hacía dijo, trastocaba un artículo distinto al que tiene la iniciativa, por lo que señaló que deberían de hacer una nueva propuesta atendiendo sus propios ajustes.
Federico Ruiz de la Coordinación General Jurídica argumentó que en la Ley de Planeación la temática de familia ya se contemplaba y se recogía dicho enfoque, por lo que aún cuando era plausible la propuesta alterna, reforzaba el señalamiento de que no era necesaria la modificación.
El funcionario del Instituto de Investigaciones Legislativas resaltó que se tenía que hacer una investigación a fondo que sustente la perspectiva de familia, porque no existía ningún antecedente y que a nivel federal se encontraba de manera implícito dicho tema. Afirmó que, en un estudio de derecho comparativo interno, en ninguno se encontraba establecida la perspectiva de familia como un principio de planeación, por lo que sería difícil sustentar la misma.
La legisladora Susana Bermúdez Cano apuntó que la perspectiva de familia necesitaba ser global, trasversal e integral y que la iniciativa impactaba también en la Ley de Asistencia Social. Agregó que la propuesta pretendía darle sustentabilidad al tema de la familia contenido en la Constitución Política.
Por su parte, la congresista Yulma Rocha Aguilar externó que esperaba que la propuesta no estuviera motivada por temas de carácter ideológico y se buscara suscribir a la familia a un modelo tradicional. Agregó que, con base en los argumentos vertidos por sus homólogas le parecía que abonaban a la inviabilidad de la propuesta, sobre todo que se pretendiera integrar al anteriormente citado numeral.
El diálogo entre los asistentes continuó sobre la pertinencia de integrar la modificación al artículo 34 relativo a los programas especiales que serán aprobados por el titular del Poder Ejecutivo. En ese sentido, acordaron que continuarán analizando la propuesta con base en los comentarios recibidos en otra reunión.
En los trabajos participaron las diputadas Susana Bermúdez Cano, Briseida Anabel Magdaleno González, Laura Cristina Márquez Alcalá y Yulma Rocha Aguilar; así como el diputado Gerardo Fernández González.
Además los acompañaron Anabel Pulido López, directora general del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses (IMUG); Federico Ruiz Chávez, Carlos Alejandro Pacheco y Alejandro Rocha Pedraza de la Coordinación General Jurídica; José Alberto Estrella Ortega de le Procuraduría de Derechos Humanos; Belén del Rocío Espinoza Aguirre de la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas, funcionarios del Instituto de Investigaciones Legislativas y asesores de los grupos parlamentarios del PAN, MORENA, PRI y PVEM.