Convocada por la Comisión de Justicia, se llevó a cabo una mesa de trabajo para analizar una iniciativa de reforma al Código Penal estatal para que se tipifique como delito autónomo el reclutamiento y utilización forzada de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos delictivos, y agravar las sanciones para quienes cometan este acto.
La diputada Susana Bermúdez Cano resaltó que se busca establecer el estándar más alto de protección que el Estado debe garantizar, primordialmente cuando están en juego la vida, la seguridad y el desarrollo de la niñez, privilegiándose en todo momento el principio de interés superior de la niñez
Elizabeth Durán de la Fiscalía General sugirió ponderar el impulsar una propuesta de reforma a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos para ajustar los supuestos de sanción del reclutamiento forzado de menores y que se aborde expresamente el reclutamiento forzado de personas mayores de edad.
Añadió que coinciden en que se debe tocar el tema, pero que era trascendental incidir en la ley general porque trae vacíos y genera supuestos que no están contenidos, por lo que se debe pugnar por una reforma integral.
Mientras que, Luis Alberto Estrella Ortega de la Procuraduría de los Derechos Humanos refirió que coincidía con la idea de que actualmente se describe parcialmente la conducta en el Código Penal estatal, pero no alcanza a tener la gravedad de un tipo penal autónomo e imprescriptible, así como su incorporación como delito grave, sin embargo, pidió valorar cuidadosamente si el delito que se pretende incorporar no encuadra con lo que establece la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas.
Por su parte, Vicente Vázquez Bustos de la Consejería Jurídica manifestó que se considera viable, pues la conformación de ese nuevo tipo penal busca atender el fenómeno del cual llegan a ser víctimas niñas, niños y adolescentes, por lo que se considera sigue la línea de establecer la atención prioritaria a ese sector, a través de la tipificación de conductas encaminadas a que se busque que personas menores de dieciocho años formen parte de una asociación delictuosa o cometan cualquier delito. Agregó que se estimaba que hay libertad de configuración normativa en atención a lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
La legisladora Susana Bermúdez Cano indicó que las opiniones robustecen el análisis de la propuesta; además, dio a conocer la opinión del Poder Judicial que el tema se ha documentado como un fenómeno real, desde hace más de 15 años; que la iniciativa se sustenta además en datos estadísticos que colocan al menos a seis municipios en la entidad en que el delito tiene alta incidencia y permite diferenciarlo de los delitos de trata de personas, corrupción de menores, entre otros.
En los trabajos de la mesa participaron las diputadas Susana Bermúdez Cano, Karol Jared González Márquez y Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, así como los diputados Carlos Abraham Ramos Sotomayor y Rolando Fortino Alcántar Rojas. Los acompañaron representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos, de la Fiscalía General del Estado, de la Consejería Jurídica y personas asesoras parlamentarias.