Esta tarde, el Pleno del Congreso aprobó reformas al Código Penal estatal con las que se elimina el tercer párrafo del artículo 6 del citado ordenamiento y se establece que el Código se aplicará a las personas a partir de los dieciocho años que cometan una conducta tipificada como delito.
Además, se declararon avalados los informes de resultados de las evaluaciones de desempeño respecto de la calidad percibida por la ciudadanía sobre los servicios públicos prestados por las administraciones municipales de Cortazar, Cuerámaro, Doctor Mora y Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional; así como de las auditorías practicadas a la infraestructura pública municipal respecto de las operaciones realizadas por las administraciones públicas municipales de Atarjea, Acámbaro, Salamanca y Ocampo, todos correspondientes al ejercicio fiscal 2021.
Por otro lado, se aprobaron los dictámenes mediante los cuales se ordena el archivo definitivo de dos propuestas legales. El primero, un punto de acuerdo que pretendía exhortar al gobernador del estado para que declarara como Patrimonio Cultural intangible de los Guanajuatenses las manifestaciones culturales que por su valor y significado así como relevancia artística, tradicional, intelectual y lingüística representan el teatro universitario de Guanajuato; la escenificación de los entremeses cervantinos y las representaciones de los juglares de Guanajuato; para que en el marco del 50 aniversario del Festival Internacional Cervantino se deje un testimonio perenne e indeleble de la contribución de la gente de esta tierra a esta fiesta del espíritu universal.
La congresista Ruth Noemí Tiscareño Agoitia hizo uso de la voz para hablar a favor del dictamen. Precisó que tanto el 50 aniversario del Festival Internacional Cervantino como el 70 aniversario de la fundación del Teatro Universitario, ya tuvieron verificativo, por lo que realizaron una propuesta diversa pero con un alcance similar la cual fue planteada con trámite de obvia y urgente resolución, y fue avalada de manera unánime por el Pleno.
En ese sentido, argumentó que la propuesta contenida en el dictamen quedaba sin materia en el Poder Legislativo y restaba que el Poder Ejecutivo hiciera la declaratoria y publicación correspondiente de la propuesta aprobada.
El segundo, una iniciativa de reforma al Código Penal estatal que tenía como finalidad armonizarlo con la Ley General en Materia de Delitos Electorales, para dejar sin materia los delitos electorales y de violencia política contra las mujeres por razón de género establecidos en la legislación penal local.