En sesión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales se radicaron y aprobaron las metodologías de análisis de seis iniciativas de reforma a distintos ordenamientos legales.
Dos plantean modificaciones a la Constitución Política local; una para eliminar el veto de bolsillo y la otra en materia de reforma al Poder Judicial; la tercera, propone cambios a la Ley de Víctimas del Estado de Guanajuato, a fin de incluir las hijas o hijos menores de edad de madres víctimas de desaparición para que también tengan acceso a la misma atención especializada y a los apoyos en educación y de carácter jurídico, que las madres víctimas de feminicidios; la cuarta, para reforma la Constitución Política local y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en materia de igualdad sustantiva.
La quinta, por la que se crea la Ley de Revocación de Mandato para el Estado de Guanajuato; y la sexta, para cambiar Ley Orgánica del Poder Legislativo con la finalidad de que las solicitudes de remoción estén debidamente fundadas y motivadas, que cuenten con argumentos sólidos que robustezcan la petición y que se cuente con material probatorio suficiente.
Mismo trámite tuvo la Minuta Proyecto de Decreto por el que se adicionan un párrafo quinto al artículo 4o. y un párrafo segundo al artículo 5o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección a la salud.
Todas se remitirán a la Consejería Jurídica, a excepción de la relativa a las solicitudes de remoción; se realizarán mesas de trabajo y se habilitarán ligas en el portal de internet para consulta y aportaciones ciudadanas. Los entes consultados contarán con 20 días hábiles para remitir sus opiniones, a excepción de los que comentarán sobre la reforma del Poder Judicial, que tendrán 10 días hábiles.
La correspondiente al veto ejecutivo se enviará además a la Secretaría de Gobierno y al Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado de Guanajuato; la relativa al Poder Judicial se mandará al Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, a la Procuraduría de los Derechos Humanos, al colegio estatal de notarios y colegios y barras de abogados del Estado, a las instituciones de educación superior con importante matricula en el estado y al Instituto de Investigaciones Legislativas.
También se solicitará sobre esa a la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas un estudio de carácter presupuestal.
La que toca a la Ley de Víctimas se enviará a la Secretaría de Gobierno y al Instituto de Investigaciones Legislativas; la relativa a la igualdad sustantiva se remitirá a la Secretaría de Gobierno, a la Secretaría de Finanzas, al Instituto para las Mujeres Guanajuatenses, a la Fiscalía General del Estado y a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado y se solicitará a la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas un estudio de carácter presupuestal.
La correspondiente a la revocación de mandato se enviará a la Secretaría de Gobierno, al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y al Tribunal Estatal Electoral, y se pedirá a la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas en estudio de carácter presupuestal.
Finalmente, la tocante a las solicitudes de remoción se enviará para opinión al Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso.
En su intervención, el diputado Juan Carlos Romero Hicks pidió que en la propuesta de metodología de las minutas relativas al Poder Judicial se de vista al Instituto Estatal Electoral, mientras que la legisladora Susana Bermúdez Cano solicitó una reserva para que se incluya la Consulta a Niños, Niñas y Adolescentes y opinión a la Procuraduría Estatal de Niñas, Niños y Adolescentes. Las propuestas han sido aprobadas.
Finalmente, se radicó y aprobó la metodología de estudio y dictamen de los expedientes que contienen propuestas para ocupar una vacante en el Consejo Estatal Ciudadano en materia de búsqueda de personas del Estado de Guanajuato.
Para su análisis se circulará a las diputadas y los diputados; se subirá la versión pública para efectos de publicidad en la página del Congreso del Estado; y se elaborará una tarjeta jurídica del cumplimiento de requisitos y documentación.
En la sesión participaron las diputadas Susana Bermúdez Cano, María Eugenia García Oliveros y Rocío Cervantes Barba; así como los diputados Juan Carlos Romero Hicks (presidente), Aldo Iván Márquez Becerra, Sergio Alejandro Contreras Guerrero y Rodrigo González Zaragoza. Además, los acompañó la legisladora María Isabel Ortiz Mantilla.