El diputado David Martínez Mendizábal y la diputada Hades Berenice Aguilar Castillo, integrantes del grupo parlamentario del Partido MORENA, presentaron un punto de acuerdo para exhortar a la gobernadora del estado, Libia Dennise García Muñoz Ledo, para que lleve a cabo las acciones necesarias con la finalidad de que el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato establezca y documente procesos de comprobación del gasto en el abasto de medicamentos que permitan dotar de certeza al ejercicio de recursos públicos en la materia.
De igual manera, a la Secretaría de la Honestidad para que investigue y, en su caso, sancione o tramite las responsabilidades administrativas o penales correspondientes asociadas a las conductas de los servidores públicos involucrados en la contratación y ejecución de los contratos cuyo ejercicio de recursos no fue comprobado de forma adecuada.
Al hablar de este punto de acuerdo, el congresista David Martínez Mendizábal mencionó que, en febrero del presente ejercicio fiscal de 2026, la Auditoría Superior de la Federación entregó los informes de fiscalización de la Cuenta Pública 2024, donde se contiene la revisión de las participaciones federales que administra la entidad y existe evidencia documental de las prescripciones de los medicamentos en los contratos ejecutados por el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, pagados con recursos de las Participaciones Federales a Entidades Federativas 2024, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
En este sentido, comentó que es necesario precisar que la función de un pliego de observaciones es recuperar recursos económicos cuando se detecta el uso inadecuado, tales como el gasto no comprobado al que se hace referencia y que hasta la fecha dejó un monto de recursos públicos pendientes por acreditar de más de 847 millones de pesos.
Por tal motivo, el legislador enfatizó que únicamente se indica que la evidencia fotográfica es insuficiente, ya que por sí sola no acredita que el servicio se haya prestado. Además, para comprobar el gasto, el gobierno del estado presentó una base de datos de recetas que no se logró vincular la evidencia documental con la prescripción de dichos medicamentos.
Finalmente, Martínez Mendizábal manifestó que esas dos empresas, además de ser múltiples veces favorecidas durante el sexenio de Diego Sinhué, han tenido continuidad en el llamado nuevo comienzo con contratos de hasta 2 mil millones de pesos, y que hasta hoy, el abasto de medicamentos del sistema de salud pública estatal continúa en manos de esas dos empresas, el norte es atendido por PharmaJal y el sur, por DIMESA.
El punto de acuerdo se turnó a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su estudio y dictamen.