El grupo parlamentario del Partido MORENA presentó un punto de acuerdo para exhortar a la titular del Poder Ejecutivo del Estado a fin de que ordene al secretario de Obra Pública, así como a la subsecretaria de Infraestructura Vial, establezcan una fecha para que de manera personal y en compañía de los diputados que integran la Comisión de Obra Pública y Desarrollo Urbano realicen un recorrido por la obra que se denomina: Modernización de la Carretera Federal 51, tramo San Miguel de Allende – Dolores Hidalgo C.I.N. para verificar el avance real de la misma.
De igual manera, informe si la obra objeto del contrato se está ejecutando conforme al programa de ejecución pactado, el porcentaje de avance de la obra y entregar el convenio celebrado con el contratista. Además, dé a conocer los impedimentos atribuidos al contratista que han provocado incumplir nuevamente con la entrega de la obra dentro de los plazos establecidos.
Finalmente, para que presente un reporte detallado sobre las demandas que actualmente impiden la conclusión de la obra, así como aquellos juicios de amparo que hubieren otorgado suspensiones provisionales o definitivas a los quejosos y que eviten dar continuidad al proyecto.
Al dar lectura a las consideraciones de la propuesta, el diputado Luis Ricardo Ferro Baeza contextualizó que dicha obra ha sufrido diversos cambios en el programa de ejecución autorizado y a las cédulas de avance calendarizadas y cuantificadas mensualmente.
Mencionó que el secretario de Obra Pública estatal se comprometió a entregar información complementaria sobre el proyecto, sin que hasta la fecha esto suceda, por lo que se debe revisar el expediente para verificar avances, presupuesto ejercido, bitácoras y, en caso de ser necesario, se solicite a través del Congreso del Estado la intervención de la Auditoría Superior del Estado para que se ejerzan las indagatorias y acciones correspondientes.
Ferro Baeza resaltó que la falta de ejecución oportuna y transparente de obras como la modernización de esta carretera no solo observa un incumplimiento contractual, sino que también acarrea graves consecuencias para la sociedad.
“La ausencia de infraestructura vial adecuada aumenta el riesgo de accidentes, dificulta la movilidad de las personas y afecta el desarrollo económico de la región al limitar el transporte de bienes y servicios”, finalizó el legislador.
El punto de acuerdo se turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública, para su estudio y dictamen.