Se trata de cinco propuestas de reforma al Código Penal que pretenden sancionar a quien sin autorización modifique a través de herramientas tecnológicas la imagen de una persona para convertirla en material con contenido de desnudos, o considerado de carácter íntimo, erótico o sexual y que por su conducto o por interpósita personas lo divulgue, exponga, comparta, distribuya, publique, intercambie, oferte, comercialice o transmita; robustecer el sistema penal para combatir los delitos de corrupción de menores e incapaces, protegiendo así los derechos de las niñas, niños y adolescentes; e inhibir prácticas de maltrato o crueldad animal, protegiendo los derechos de los animales, y a su vez incidir en prevenir y evitar que quienes cometen estas acciones puedan en un futuro desarrollar conductas antisociales y violentas.
De igual manera, que las personas adultas mayores puedan acceder a una vida libre de violencia; y que haya justicia pronta y expedita a la práctica de usura realizada por prestamistas
Dichas iniciativas se remitirán para su estudio al Supremo Tribunal de Justicia, a la Fiscalía General del Estado y a la Coordinación General Jurídica.
Asimismo, la propuesta legal para modificar la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato con la finalidad de establecer como atribución del fiscal general el fomentar entre el personal de esta la promoción, el respeto, protección y garantía de los derechos humanos, así como el respeto a la dignidad póstuma, que se enviará para consulta a la Fiscalía General del Estado.
Y, finalmente, la iniciativa de reforma al Código Civil, a la Ley de Justicia Alternativa del Estado y a la Ley del Notariado que busca incorporar el Modelo de Medidas de Apoyo para las personas con discapacidad a fin de reconocer el derecho de las mismas al ejercicio de su capacidad jurídica, así como de adecuaciones a la Institución de la Tutela; así como que las personas con discapacidad puedan llevar a cabo ante los mediadores del Centro de Justicia Alternativa acuerdos para la prestación de medidas de apoyo, y establecer la obligación de los notarios de verificar la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, se acordó solicitar su remisión al Supremo Tribunal de Justicia, a la Coordinación General Jurídica, al Colegio Estatal de Notarios y al Instituto de Investigaciones Legislativas. Además, se llevaría a cabo la consulta correspondiente por el contenido de la propuesta.
Todos los entes consultados contarán con un plazo de 15 días para enviar sus comentarios y se habilitarán ligas en el portal de internet del Congreso del Estado para consulta y participación ciudadana.
Estuvieron presentes las diputadas Laura Cristina Márquez Alcalá (presidenta) y Susana Bermúdez Cano; así como los diputados Bricio Balderas Álvarez y Cuauhtémoc Becerra González. Los acompañó el congresista Gerardo Fernández González.