La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales llevó a cabo una mesa de trabajo para analizar la iniciativa de reforma a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato con el fin de reconocer el derecho humano a ser buscado.
Al hacer uso de la voz, Carlos Manuel Torres Yáñez, representante de la Coordinación General Jurídica del Estado de Guanajuato, señaló que el derecho humano a ser buscado no se puede considerar como novedoso debido a que ya se encuentra en la ley general, además de que no se lograría el objetivo de ampliar el alcance del derecho contemplado por estar ya reconocido en el marco normativo especializado en la búsqueda de personas desaparecidas.
En su intervención, Alejandro Sierra Lugo, integrante de la Secretaría de Gobierno, mencionó que en la redacción hay muchas áreas de oportunidad que hacen inviable la propuesta. También refirió que existen diferencias notables con lo estipulado en la ley general por lo que se puede llegar a incurrir en acciones de inconstitucionalidad.
Por su parte, Elizabeth Durán Isaís, representante de la Fiscalía General del Estado, enunció como necesario la incorporación del derecho a ser buscado, sin embargo, se dijo que es necesario acotar los términos y alcances de lo que se pretende en la redacción porque se cuenta con vicios de inconstitucionalidad que generan incertidumbre.
Héctor Alonso Díaz Ezquerra, titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, precisó que un eje central que se debe considerar en los alcances de la iniciativa es que de realizarse algún cambio o movimiento, se contemple la opinión de los familiares de las personas desaparecidas para garantizar el principio de la participación conjunta.
Al emitir su opinión, Sergio Jaime Rochin del Rincón, comisionado Estatal de Atención Integral a Víctimas, coincidió de manera general en que la iniciativa garantizará el derecho de las personas desaparecidas a ser buscadas, viendo de manera positiva la incorporación del derecho en el texto constitucional del estado por permitir atender el fenómeno sin la creación de nuevas dependencias y la reorientación de recursos ya existentes.
Al hacer uso de la voz, Luis Alberto Estrella Ortega de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado, indicó que al incluirse el término de persona desaparecida o no localizada se hace una distinción que puede generar una discriminación al enfatizar el origen de la desaparición, aspecto que no debe influir en la obligación del Estado de garantizar el derecho de todas las personas a ser buscadas.
Por lo expuesto, Christian Joel Rodríguez Zamora, asesor del grupo parlamentario de MORENA señaló que reconocer el derecho analizado en el ámbito local permitiría desarrollar en su momento una garantía constitucional en la entidad que atienda todos aquellos actos que el amparo federal no atiende, a lo que agregó que se coincide con algunas observaciones en la redacción que se pueden discutir en una mesa técnica.
Finalmente, Jorge Luis Hernández Rivera, asesor del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, detalló que para crear un derecho humano local se tiene que cuidar el marco constitucional, en alusión a que la propuesta tiene un efecto regresivo. Asimismo, mencionó que el tema central está en generar condiciones de efectividad de la actual estructura normativa local y no en el debate si el derecho a ser buscado es un derecho humano.
Por todo lo anterior, la diputada Susana Bermúdez Cano instruyó a la secretaría técnica la elaboración de un dictamen en sentido negativo.
En la reunión estuvo presente la diputada Susana Bermúdez Cano (presidenta), acompañada por representantes de la Coordinación General Jurídica; la Fiscalía General del Estado; de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas; de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas; de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado; y asesores de grupos parlamentarios e integrantes del Congreso del Estado de Guanjuato.