La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales aprobó por mayoría tres dictámenes en sentido negativo del mismo número de iniciativas.
Se trata de la propuesta de reforma a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios, la cual pretendía establecer el permiso laboral para impulsar la participación de los padres de familia en la educación de sus hijos; la segunda, buscaba modificar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Ley Ganadera estatal, que buscaba otorgar beneficios directos en el sector rural consistentes en conexiones entre centros educativos y de investigación con pequeños productores en el estado; la tercera, pretendía cambiar la Ley de Profesiones para el Estado de Guanajuato, con la finalidad de que los estudiantes que estén por adquirir un título universitario tengan como requisito plantar un árbol.
Además, se acordó la metodología de análisis de la iniciativa de reforma a la Constitución Política local, a efecto de reconocer el derecho fundamental a la seguridad alimentaria, la cual se remitirá Poder Judicial, a la Coordinación General Jurídica y a la Procuraduría de los Derechos Humanos, quienes contarán con 20 días hábiles para remitir sus comentarios y se llevará a cabo una mesa de trabajo.
Como parte del orden del día se radicaron dos propuestas legales. Una iniciativa de reforma de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, a fin de establecer plazos para la dictaminación de las propuestas legales y retomar el mecanismo de excitativa; así como un punto de acuerdo para exhortar a la Fiscalía General del Estado, para que informe las causas por las cuales no se han podido identificar la totalidad de los restos humanos hasta ahora encontrados en fosas clandestinas; y a la Secretaría de Seguridad Pública a efecto de que brinde protección y apoyo técnico a los colectivos de familiares de personas desaparecidas.
También se dictaminaron en sentido negativo dos iniciativas de reforma a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios, una para establecer el orden de prelación que se debe seguir en la contratación o designación de trabajadores, privilegiando a las personas con discapacidad; y la otra otorgar licencias laborales por un tiempo determinado a madres y/o padres con una hija o hijo menor diagnosticado con cáncer, durante la etapa crítica del tratamiento oncológico, y ampliar el periodo hasta 14 semanas para que la madre tenga la oportunidad de estar más tiempo con su hija o hijo recién nacido.
En la reunión estuvieron presentes las diputadas Susana Bermúdez Cano (presidenta), Laura Cristina Márquez Alcalá, Alma Eduwiges Alcaraz y Yulma Rocha Aguilar; así como los diputados Rolando Fortino Rojas Alcantar y Gerardo Fernández Martínez.