La diputada Hades Berenice Aguilar Castillo presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato con la finalidad de implementar mecanismos de regulación y de control que garanticen los derechos de las víctimas a partir de las atribuciones de la Fiscalía.
En la exposición de motivos del documento se señala que entre las principales atribuciones de la Fiscalía General están investigar y perseguir los delitos con un enfoque científico, autónomo e imparcial que permita garantizar el esclarecimiento de los hechos y lograr una justicia pronta y plena.
En ese sentido, se precisa que para llevar a cabo dicha misión de manera íntegra se requiere que la Fiscalía se haga responsable de todo el panorama que conforma la investigación y persecución del delito, así como la calidad en el servicio, el compromiso, entre otros, en cada uno de los casos en lo que exista una víctima, a fin de garantizar sus derechos.
También se argumenta que las experiencias de muchas víctimas refieren que la Fiscalía del Estado no siempre actúa conforme al respeto de sus derechos, los cuales no siempre son observados a cabalidad por la autoridad de procuración de justicia, lo que se volvía especialmente grave en una entidad como Guanajuato, en la que los índices delictivos daban cuenta de un incremento sistemático de las víctimas.
Asimismo, se indica que las cifras de delitos han incrementado considerablemente, por lo tanto, era imperante atender la mayor cantidad de delitos cometidos, pues de acuerdo con la cifra negra en Guanajuato, compuesta de los delitos no denunciados y de los que no se abre carpeta de investigación, el 90.1% de los delitos ni siquiera se denunciaba.
Finalmente, en el documento se puntualiza que, ante el escenario de violencia generalizado en la entidad, se han incrementado la cantidad de víctimas y que, por testimonios de colectivos, la Fiscalía General ha sido omisa en la garantía de los derechos de las víctimas, lo que no solamente revictimizaba a las personas que sufrieron y sufren violencias y negaciones a sus derechos, sino que también imposibilita la procuración de justicia en sus casos.