Guanajuato, Gto., a 29 de octubre de 2020.- “En Guanajuato, vamos a la vanguardia y seguimos en el camino del fortalecimiento institucional en beneficio de los guanajuatenses”, dijo la diputada Cristina Márquez Alcalá. La legisladora presentó una iniciativa de reforma a la Ley sobre el Uso de Medios Electrónicos y Firma Electrónica para el Estado de Guanajuato y sus Municipios, a efecto de clarificar que dicha ley es aplicable a los procedimientos seguidos en forma de juicio o procedimientos jurisdiccionales.
Esto, con el propósito de facilitar que el Poder Judicial certifique a los litigantes a efecto de que obtengan su firma electrónica y puedan realizar actuaciones en juicio mediante el uso de ella.
Explicó que un mayor uso de la Firma Electrónica permitiría a las partes, ya sean abogados litigantes o usuarios, el firmar sus documentos desde un equipo de cómputo y enviarlos por buzón electrónico a la unidad jurisdiccional competente; el Tribunal, en consecuencia, acordará lo correspondiente en atención a la promoción presentada, notificará el acuerdo al solicitante electrónicamente. Resaltó que este año, debido a la crisis sanitaria y tan solo en los juzgados de oralidad familiar, se han reducido este año hasta en un 50 por ciento las cifras de entradas, sentencias y convenios.
Refirió que, en atención al decreto de Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal publicado en el Periódico Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2014, se propone realizar diversos ajustes a la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Guanajuato en el sentido de eliminar toda referencia a la a la autocomposición en materia penal. Finalmente, la diputada Cristina Márquez enfatizó que “el objetivo principal de esta iniciativa es que estas medidas funcionen no solo durante la pandemia, sino que sean una opción permanente para abogados litigantes y demás usuarios del sistema de justicia, en el sentido de acceder a una verdadera justicia digital”, por una justicia pronta y expedita.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen.