Las diputadas Yulma Rocha Aguilar, Dessire Ángel Rocha y Martha Lourdes Ortega Roque presentaron una iniciativa de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato y al Código Penal estatal para incluir como violencia física el uso de sustancias corrosivas, tóxicas o inflamables, y añadir como agravante de las lesiones el supuesto de que su comisión se realice mediante el empleo de dichas sustancias.
Al dar lectura a la exposición de motivos del documento la diputada Yulma Rocha Aguilar señaló que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia actualmente reconoce catorce tipos de violencia que se ejercen contra las mujeres por razón de género y precisa que la violencia física es cualquier acto material, no accidental, que inflige daño a la mujer a través del uso de la fuerza física, sustancias, armas u objetos, que puede provocar o no lesiones, ya sean internas, externas o ambas.
En ese sentido, afirmó que había una modalidad en la que esos ataques eran cometidos ocasionalmente y que, a pesar de ser una de las más crueles y perversas que existían, no había sido reconocida explícitamente, situación que ha demostrado ser un impedimento para que las víctimas puedan recibir la atención necesaria, especializada y oportuna por parte de las autoridades sanitarias, de seguridad o de procuración e impartición de justicia.
Rocha Aguilar indicó que, aunque existe gran variedad de sustancias corrosivas, las usadas más comúnmente para cometer esos ataques eran el ácido sulfúrico y el ácido clorhídrico, y que esos ataques esencialmente no tienen como finalidad matar a la víctima, sino desfigurarla, condenarla y marcarla de por vida, manteniéndola constantemente en un gran dolor físico y en un indescriptible sufrimiento psicológico.
“Del análisis de estas agresiones se pueden identificar patrones similares; usualmente, las víctimas son mujeres, las sustancias son arrojadas en el rostro con la intención de causar su desfiguración y quienes los cometen o los planean resultan ser conocidos o personas cercanas a la víctima, ya sea porque mantienen o mantuvieron una relación sentimental, afectiva, laboral, escolar o familiar”, enfatizó la diputada.
También dijo que varios estados del país como Aguascalientes, Ciudad de México, Colima, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tlaxcala y Yucatán, ya contemplaban explícitamente en su Código Penal el agravante para el delito de lesiones en el supuesto de que se hayan cometido con sustancias corrosivas.
Además, Rocha Aguilar agregó que en el caso particular de Guanajuato hasta el día de hoy se tenía registro de por lo menos 2 casos de ataques de ese tipo.
“La presente iniciativa tiene como finalidad visibilizar explícitamente las agresiones cometidas con sustancias corrosivas para, de esta manera, contribuir a la generación o adecuación de políticas públicas y protocolos que además de prevenirlas, también respondan adecuadamente ante ellos, garantizando a la víctima en todo momento: el acceso a la justicia de manera rápida y expedita, los servicios especializados e integrales necesarios para mitigar los daños de manera oportuna y la reparación integral del daño causado”, subrayó la legisladora.
Lo anterior, argumentó, se plantea reconociendo de forma precisa ese supuesto como parte de las acciones contempladas como violencia física en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y dándole la seriedad que merecía incluyéndolo como agravante para determinar las penas por las lesiones causadas en el Código Penal, otorgando así la certeza jurídica de que serán sancionados de forma justa.
La iniciativa se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y para la Igualdad de Género para su estudio y dictamen.