Con el fin de visibilizar y atender las necesidades de las personas con discapacidades ocultas, el diputado Jesús Hernández Hernández presentó, a nombre del GPPAN y la RPPRD, un punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría del Bienestar generar políticas públicas que aseguren un trato digno e inclusivo para fomentar la participación en la sociedad.
El legislador explicó que esta discapacidad es una condición que padece una persona en aspectos físicos, mentales o neurológicos y que es difícil de detectar a simple vista, ya que no se utiliza una silla de ruedas o un bastón.
“Existen miles de personas que viven en esta condición que no se perciben a simple vista, pero que limita su día a día; aunque no la veamos, está ahí, afectando cada aspecto de su vida y muchas veces aislándolos en silencio. Estas son las llamadas discapacidades invisibles”, refirió.
Expuso algunos ejemplos, tales como fatiga crónica, fatiga externa, enfermedades mentales, neurológicas, autismo, TDAH, dislexia, síndrome de Tourette, epilepsia, trastorno por déficit de atención, hiperactividad, entre otros.
Añadió que estos padecimientos no solo tienen un impacto negativo en las y los pacientes, sino también en sus relaciones familiares y sociales, donde sus síntomas suelen malinterpretarse como falta de esfuerzo, exageración o simple desinterés.
“Lo más doloroso es que esas personas enfrentan un doble desafío: sobrellevar sus síntomas y convivir con la comprensión, los perjuicios y la indiferencia. Creemos erróneamente que la discapacidad se nota, cuando muchas veces se vive en silencio”, afirmó.
El congresista Jesús Hernández señaló que todas las formas de discapacidad requieren reconocimiento social y políticas públicas con un enfoque de derechos humanos que garanticen igualdad de condiciones y un trato digno.
“Urge establecer protocolos, realizar campañas de sensibilización y eliminar las barreras que impiden su participación plena en la sociedad. Porque una sociedad verdaderamente incluyente no solo observa, también comprende y también actúa”, finalizó.
El punto de acuerdo se envió a la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, para su estudio y dictamen.