El grupo parlamentario del PRI formuló punto de acuerdo para exhortar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a efecto de que, a la brevedad proceda en el ámbito de su jurisdicción constitucional, resolver los criterios definitivos, que protejan y procuren el derecho a la salud de las niñas, niños y jóvenes, relacionados con el acceso y aplicación a la vacuna contra la Covid19.
En las consideraciones del documento, el diputado Alejandro Arias Ávila expresó que fue la falta de liderazgo y voluntad, lo que ocasionó el descontrol en México ante la llegada de la Covid-19, debido a que era de conocimiento que la nación contaba con un vasto acervo normativo para prevenir, contener y controlar, episodios relacionados con la sanidad internacional.
“Nuestro gobierno federal omitió, de forma deliberada, realizar gran parte de las acciones que
la Ley General de Salud y su reglamento en la materia prevén para este tipo de contingencias, únicamente esperando con termómetro en mano, la llegada del mortal virus que es contagioso aún antes de que exhiba síntomas”, dijo.
Arias Ávila mencionó que la llegada de las vacunas a territorio mexicano reveló más fallas en las autoridades de salud federales, por la desorganización en la distribución de las dosis y los registros electrónicos que no lograban su cometido, lo que evolucionó a una falta de empatía por no incluir en la población objetivo a jóvenes y niños.
“Ante tal situación y la insostenible postura del gobierno de no vacunar a los niños y jóvenes, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud declaró que, con los debidos gramajes algunas vacunas eran seguras para este sector, miles de padres tuvieron que volcarse a los tribunales para exigir la protección al derecho a la salud de sus hijos, encontrándose con una inexplicable contención por parte del gobierno federal, que con el paso de los meses ha tenido que ir cediendo, al grado de incluir, de mala gana, y amparo tras amparo, a los adolescentes dentro de la población que debe ser vacunada”, comentó.
Finalmente, el congresista externó que se tome en carácter de indispensable y urgente, la protección del derecho a la salud de las niñas, niños, y jóvenes, esperando que la Suprema Corte se pronuncie a favor de la vacunación del sector de la población antes mencionado.
El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Salud Pública para su dictaminación.