En sesión ordinaria, la diputada Dessire Angel Rocha de la Representación Parlamentaria del Partido Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa para crear la Ley de la Agencia de Energía del Estado de Guanajuato.
De igual manera, reformar las Leyes Orgánica del Poder Ejecutivo, de Cambio Climático para el Estado de Guanajuato y sus Municipios, para el Desarrollo y Competitividad Económica del Estado de Guanajuato y sus Municipios, de Planeación para el Estado, para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado y de Proyectos de Prestación de Servicios para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
La congresista manifestó que se propone la creación de un Organismo Público Descentralizado de la administración pública estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía técnica en el ejercicio de sus funciones, sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable.
Asimismo, precisó que el objeto de la Agencia sería evaluar y actualizar la planeación energética estatal para impulsar, fomentar, coordinar, cooperar y coadyuvar en el desarrollo de las acciones públicas, privadas y sociales relacionadas con la generación y el uso eficiente de la energía en el estado, privilegiando la preservación y restauración del equilibrio ecológico, dando soporte especializado al sector energético para la promoción y atracción de inversiones sostenibles y sustentables.
De manera paralela, agregó, se contempla se constituya un Fideicomiso Público como instrumento financiero y económico con posibilidades de concurrencia de fondos públicos federales y locales, privados, nacionales o internacionales, necesarios para el cumplimiento del objeto de la iniciativa.
Expuso que la dependencia de importaciones energéticas, el carácter de no renovación de los combustibles fósiles y la generación de gases de efecto invernadero que constituyen una amenaza al cambio climático, han incentivado a muchos países a buscar alternativas hacia fuentes renovables; y que la disponibilidad de energía definirá el destino de México y el mundo.
Apuntó que la entidad es deficitaria en materia de energía, es decir se consume más de lo que se produce. Agregó que, de acuerdo con datos del Balance Estatal de Energía de Guanajuato, estudio realizado en el 2021 con datos del año 2019 por el Gobierno del Estado de Guanajuato, la consultora Deloitte y la organización Iniciativa Climática de México, el consumo bruto es de 15,645 Gwh (2019) mientras que la capacidad total de generación bruta de energía eléctrica es de 11,472 Gwh (2019). El déficit es de 4,173 Gwh (2019).
“Es clara la dependencia del Estado de la importación de energéticos. El crecimiento de consumo de los sectores industrial y transporte, especialmente autotransporte, ha convertido a Guanajuato de un exportador de energético secundarios, a un importador neto de gasolina, diésel y gas licuado de petróleo”, enfatizó.
Añadió que entre los instrumentos de planeación más relevantes con los que se prevé pueda contar el sector se encuentran el Programa de Diversificación Energética para el Estado de Guanajuato, como documento rector de la política pública en la materia, que contenga los objetivos, proyectos, acciones, metas e indicadores a evaluar para el logro del objetivo de desarrollo que se propone.
También se contempla que la Agencia colabore con la actualización del Sistema de Información Energética de Guanajuato que actualmente está a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial.
Finalmente, Angel Rocha refirió que se trata de dos figuras jurídicas: un Organismo Público Descentralizado que cubrirá las líneas de actuación de planeación y regulación estatal, con el fin de contribuir en la formulación, implementación y evaluación, a nivel estatal, de las políticas públicas y demás instrumentos normativos y regulatorios que impactan en el sector energético; y un Fideicomiso Público que cubrirá las líneas de actuación de inversión directa con el fin de apoyar en el desarrollo de nuevas inversiones energéticas, así como promover medidas que impulsen la inversión.
La iniciativa se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Desarrollo Económico y Social para su estudio y dictamen.