Las diputadas Hades Berenice Aguilar Castillo, Plásida Calzada Velázquez, Miriam Reyes Carmona y Martha Edith Moreno Valencia, integrantes del grupo parlamentario del Partido MORENA, presentaron una iniciativa de reforma a la Ley de Educación para el Estado de Guanajuato con el objeto de armonizarla con los estándares constitucionales y federales en materia de igualdad sustantiva, perspectiva de género y derecho de las mujeres a una vida libre de violencias.
La propuesta tiene como finalidad incorporar de manera transversal en el sistema educativo estatal el principio de igualdad sustantiva, entendido como la obligación de generar condiciones reales para el ejercicio efectivo de los derechos, eliminando barreras estructurales, discriminación y violencias.
Al dar lectura a la exposición de motivos de la propuesta, la congresista Martha Edith Moreno Valencia manifestó que, en educación, la igualdad sustantiva adquiere una densidad particular porque se juega en un espacio donde se construyen expectativas, se distribuyen oportunidades y se moldean relaciones de poder desde edades tempranas. Afirmó que, la escuela puede ser un motor de emancipación o puede reproducir el orden social que jerarquiza cuerpos, trabajos y voces.
Moreno Valencia señaló que cuando la discriminación, los estereotipos o las violencias atraviesan la experiencia escolar, el derecho a la educación se ve afectado de manera directa, ya que no se trata únicamente de presencia en el aula, sino de condiciones de dignidad, seguridad, aprendizaje y permanencia, y de la capacidad institucional para prevenir, atender y evitar la repetición.
Asimismo, comentó que el derecho a la educación no puede ejercerse plenamente si el entorno escolar tolera violencias, si la inclusión se define sin perspectiva de género o si la autoridad carece de herramientas normativas para prevenir y atender la discriminación y el maltrato.
Enfatizó que la igualdad sustantiva exige que el sistema educativo tenga obligaciones claras y operativas, exige transversalidad, enfoque de derechos humanos y perspectiva de género como criterios permanentes de diseño institucional, así como medidas de protección y acompañamiento que permitan que la experiencia educativa se desarrolle en condiciones de dignidad y seguridad.
La legisladora afirmó que la garantía del derecho a la educación requiere incorporar condiciones institucionales de prevención, detección y atención de violencias como parte de los deberes de protección vinculados a la prestación del servicio público educativo.
La propuesta busca incorporar expresamente la igualdad sustantiva, la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos como criterios rectores de la educación en la entidad; establecer la obligación de prevenir, detectar y atender oportunamente casos de maltrato o violencias que afecten el acceso, permanencia, participación y aprovechamiento escolar; reconocer el derecho de las y los educandos a recibir educación en un entorno seguro y libre de discriminación; fortalecer la formación docente en igualdad sustantiva y perspectiva de género; impulsar protocolos de actuación y mecanismos de orientación y acompañamiento institucional para la atención de casos de violencia o discriminación en el ámbito escolar
Asimismo, plantea reforzar la corresponsabilidad con las familias mediante actividades de información y orientación que incluyan la prevención de la violencia, la promoción de la igualdad sustantiva y el respeto a los derechos humanos.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura para su estudio y dictamen.