Hoy, gracias al gobierno federal, hay más pobreza extrema y la protección de los servicios de salud en el país está en las cifras más bajas de la historia contemporánea del país, reprochó la diputada Martha Hernández.
Lo anterior al presentar un punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, así como al pleno de ese órgano legislativo federal, a fin de que, en ejercicio de sus facultades, se realicen ajustes en las asignaciones de recursos en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024.
En específico, para aumentar los recursos del sector salud con el propósito de cubrir requerimientos de infraestructura, además de asegurar el abasto de medicamentos dentro del sector público.
Al hacer uso de la voz, a nombre del GPPAN, la legisladora recordó que el pasado 8 de septiembre se entregó por parte de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público la propuesta de Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2024, el cual contempla una diminución de los recursos a la Secretaría de Salud por más del 50 por ciento.
En este sentido, Martha Hernández lamentó la insistencia del gobierno federal en proyectos emblema que han exigido pagos de dos y hasta tres veces superiores al monto originalmente propuesto, por ejemplo, el Tren Maya llevaría un recurso de 500 mil millones de pesos con las asignaciones que le otorgarán para el 2024, mientras que la refinería de Dos Bocas lleva un monto de 17 mil millones de dólares.
“Frente a ese criterio laxo y sin restricciones cuando de los proyectos emblema de la administración se trata, en el caso del gasto para el sector salud las necesidades pueden esperar para el gobierno federal encabezado por MORENA”, dijo.
Finalmente, la diputada invitó a sus compañeros de Legislatura para cambiar esas prácticas y ayudar a que el rumbo se corrija, ya que alrededor de 50 millones de mexicanas y mexicanos no tienen servicio de salud y hay un mandato constitucional que lo exige.
La propuesta legal se turnó a la Comisión de Salud Pública para su estudio y dictamen.