A fin de reducir los márgenes de discrecionalidad por el Ejecutivo del Estado en el uso del presupuesto público, promoviendo una mayor transparencia y responsabilidad en el uso de los recursos, así como la regulación y claridad de las contrataciones relativas a los servicios adquiridos por comunicación y publicidad, el grupo parlamentario del Partido MORENA formuló una iniciativa de reforma a la Ley para Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato y a la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

Al dar lectura a la exposición de motivos de la propuesta, el congresista Carlos Abraham Ramos Sotomayor señaló que el Poder Legislativo posee diversas facultades esenciales, una de ellas, es el control y la fiscalización de los recursos públicos, que es imprescindible para prevenir abusos y asegurar que los recursos públicos sean destinados correctamente para el bienestar de las y los guanajuatenses.

El legislador manifestó que deben de buscar siempre el continuo mejoramiento de los instrumentos legislativos en materia presupuestaria, con la finalidad de transparentar los gastos que realizan todos los actores de las administraciones, tanto estatales como municipales, a fin de fortalecer la confianza de la población en las instituciones.

Añadió que la ley ha sido interpretada de manera conveniente por los gobiernos neoliberales ininterrumpidos en Guanajuato, para actuar libremente en contravención de los objetivos de los propios instrumentos normativos, lo que les ha permitido disponer de recursos públicos para estrategias mediáticas de tinte partidista, a través del control de medios, haciendo difusión de su propia imagen con un claro afán electorero.

Ramos Sotomayor consideró como excesivos y ofensivos los gastos que el gobierno estatal destina a los rubros de comunicación social y publicidad, los cuales han incrementado año con año, sin tener que justificar su incremento o movimiento.

En ese sentido, mencionó que las ampliaciones al rubro de comunicación social y publicidad, comprendidas desde los años 2018 al 2023 han ascendido a más de dos mil millones de pesos, y que esa discrecionalidad en el uso de los recursos públicos no solo propicia la falta de regulación en el ejercicio del dinero del erario, sino que además coloca al Poder Legislativo en una situación compleja para cumplir sus funciones de vigilancia y fiscalización.

“Si únicamente el Ejecutivo debe informar los movimientos que realiza a través de la cuenta pública, ello impide al Congreso del Estado estar al tanto de dichos movimientos en su conjunto”, enfatizó el diputado.

Agregó que, actualmente, la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato otorga la libertad al Poder Ejecutivo para realizar contrataciones en los servicios de comunicación y publicidad, sin necesidad de contar con exhaustivos filtros para su suscripción, lo que ha generado un hueco que permite desviar los recursos a este rubro, sin necesidad de contar previamente con un consenso con el Poder Legislativo.

Al respecto, indicó que proponía eliminar de la citada norma la no aplicación de esa ley a los servicios de comunicación y publicidad, así como los relacionados a gastos de ceremonial, de orden social, cultural y de representación, congresos, convenciones y exposiciones.

El congresista precisó que, en cuanto a la modificación de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato se plateaba una adición para que la programación y el ejercicio de recursos destinados a la comunicación social y publicidad se realicen con previa autorización del Congreso del Estado.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su estudio y dictamen.