En sesión ordinaria, el Pleno del Congreso del Estado declaró revisados los informes de resultados de diversos sujetos de fiscalización.
Se trata de las revisiones practicadas a las cuentas públicas municipales de Ocampo, Santa Catarina y Tarandacuao; a las auditorías de desempeño practicadas a San José Iturbide y Valle de Santiago, con enfoque a resultados del servicio de alumbrado público; así como a las auditorías a la infraestructura pública municipal respecto de las operaciones realizadas por Romita y San Miguel de Allende, todas correspondientes al ejercicio fiscal 2020.
También se ordenó el archivo definitivo de diversas iniciativas formuladas en la LXIV Legislatura en temas como el formato del informe del gobierno estatal; la presentación del programa de gobierno, la creación de la Ley de Fomento al Primer Empleo para el Estado de Guanajuato; así como de un punto de acuerdo presentado en la actual Legislatura que pretendía exhortar al titular del Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable para que llevara a cabo un análisis detallado del impacto económico de la escasez de chips en la industria automotriz en Guanajuato y las propuestas de política pública para aminorar sus efectos.
La diputada Yulma Rocha Aguilar habló en contra del archivo de las iniciativas que abordan lo relativo al informe del gobierno estatal y manifestó propuesta buscaba clarificar una contradicción entre los artículos constitucionales 77 y 78, donde en el primero se dice que el gobernador tiene que rendir un informe ante el Congreso y el segundo se refiere al envío de un informe, también ante el Congreso. La legisladora calificó el formato del informe del titular del Ejecutivo como un método arcaico que desnaturaliza el deber democrático de la rendición de cuentas.
Por su parte, la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá habló a favor del archivo de las iniciativas que proponían el cambio del formato del informe de gobierno ya que, dijo, pretendían incorporar en el texto constitucional, la posibilidad de que el gobernador presente personalmente el informe y pueda comparecer para la ampliación de la información que requiera el Poder Legislativo.
Asimismo, enfatizó que el Poder Legislativo, a través de su asamblea denominada Congreso del Estado, contaba con las herramientas necesarias para conocer los avances de los objetivos, y el cumplimiento de las metas establecidas en el Programa de Gobierno.
Agregó que la Constitución Política para el Estado de Guanajuato como ley suprema, era un ordenamiento que debía estipular principios y no detalles de procedimiento, previendo de manera general los derechos y limitaciones tanto de los individuos como facultades de la autoridad.
Finalmente, consideró que desde la perspectiva de su grupo parlamentario las iniciativas sobre la modificación del formato del informe de gobierno, no le abonaban a la división de Poderes, y los pesos y contrapesos en Guanajuato.
En una segunda intervención, la diputada Yulma Rocha Aguilar cuestionó que el actual formato del informe del Gobernador sólo tuviera un impacto político, complementando que los formatos tenían que evolucionar en favor de fortalecer los aspectos de la rendición de cuentas y los programas de gobierno estatales.
La legisladora aseguró que sería más pertinente que la Secretaría de Finanzas considere el resultado del análisis del informe en el momento de formular el proyecto anual de ingresos y de presupuesto; lo anterior conllevaría a la búsqueda de los elementos que refuercen al Poder Legislativo frente al Poder Ejecutivo.
En su intervención la legisladora Laura Cristina Márquez Alcalá hizo una clarificación y señaló que coincidía con su homóloga en que buscaban el fortalecimiento democrático del Poder Legislativa frente al Ejecutivo y que así fuera el reflejo y sostener una democracia mucho más armónica, pero que precisamente era en el Congreso del Estado donde recaía la facultad jurídica de la revisión de los resultados del informe.
En lo relativo al punto de acuerdo, hizo uso de la tribuna la diputada Dessire Ángel Rocha para hablar en contra. Realizó un recuento de las condiciones que han generado la escasez de chips y precisó que la situación actual a causa del conflicto entre Rusia y Ucrania agravarían el problema.
Apuntó que cualquier desfase en el envío o adquisición de chips tendría un impacto en la producción. Asimismo, aseguró que el tema adquiría nuevas dimensiones y afirmó que nunca propuso que se realizarán chips en la entidad, que sabía que era inviable, pero que se podía capitalizar de manera paralela.
Ángel Rocha indicó que entendía que ese exhorto ya había quedado rebasado, pero no resuelto, y que seguiría urgiendo a Guanajuato a que se mapee el estado actual de la cadena de suministro y demanda porque la información para la toma de decisiones era clave, que se tenían que identificar los riesgos más graves a las y los trabajadores, prever la pérdida de empleo, personas con sueldos reducidos con menores ingresos y sus efectos indirectos a la economía local.
Finalmente, dijo que se tenía que considerar la posible creación de un fondo económico de emergencia para atender esos posibles impactos y seguir impulsando estrategias de largo plazo para evitar la dependencia de una sola industria; así como considerar un análisis de alcance global con expertas y expertos, por lo que ofreció su disposición para continuar impulsando el diálogo desde su responsabilidad legislativa en el tema.
Turnos
A la Comisión de Hacienda y Fiscalización se turnaron las cuentas públicas de los poderes Ejecutivo y Legislativo correspondientes al ejercicio fiscal 2021; así como los informes de resultados formulados por la Auditoría Superior del Estado relativos a las revisiones practicadas a las cuentas públicas municipales de San Miguel de Allende y Tierra Blanca; así como a la auditoría practicada a la infraestructura pública municipal, respecto a las operaciones realizadas por la administración municipal de Abasolo, todas correspondientes al ejercicio fiscal 2020.