El diputado Carlos Abraham Ramos Sotomayor, integrante del grupo parlamentario del Partido MORENA, presentó un punto de acuerdo para exhortar a la gobernadora del estado, Libia Dennise García Muñoz Ledo, para que en el ámbito de sus atribuciones, lleve a cabo la revisión, adecuación, armonización y actualización integral del Programa Sectorial de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato 2025–2030, con el objeto de alinearlo de manera expresa, verificable y evaluable con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024–2030, garantizando coherencia programática, coordinación interinstitucional y eficacia en la política pública de seguridad del Estado de Guanajuato.
Al hacer uso de la voz, Ramos Sotomayor expresó que dicho programa para ser considerado un instrumento de planeación útil carece de elementos suficientes, porque se limita a un diagnóstico superficial y con indicadores insuficientes, lo que lo hace inoperante para el seguimiento y la evaluación de los sistemas de seguridad pública en el Estado y su funcionamiento.
Comentó que los instrumentos de planeación estatal no pueden concebirse de manera aislada ni desvinculada de la estrategia nacional, sino como parte de un sistema articulado de políticas públicas.
El congresista mencionó que la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024–2030 prioriza la atención a las causas estructurales de la violencia, el fortalecimiento institucional, el uso de inteligencia para la investigación del delito y la coordinación efectiva entre instancias federales, estatales y municipales.
Asimismo, habló sobre la crisis de violencia que persiste en Guanajuato, la cual, dijo, no se limita a cifras delictivas, sino que ha generado una afectación profunda en la vida cotidiana de la población guanajuatense, y la cual, subrayó, presenta un impacto particularmente grave en las mujeres.
Mencionó que el Programa estatal reconoce de manera general, la gravedad del contexto de violencia en la entidad, pero no desarrolla un diagnóstico integral comparable con el diagnóstico nacional, a diferencia de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024–2030, cuyo diagnóstico incorpora análisis de incidencia delictiva, percepción social de inseguridad y evaluación del desempeño de sus instituciones.
El diputado remarcó que el programa presenta un enfoque predominantemente descriptivo y carece de vinculación directa entre diagnóstico, objetivos y mecanismos de evaluación, lo que dificulta medir su impacto real en la reducción de la violencia en Guanajuato.
Finalmente manifestó que la ausencia de una alineación expresa entre la política estatal y la estrategia nacional limita la capacidad de coordinación intergubernamental, dificulta la evaluación de resultados y reduce la eficacia del gasto público destinado a la seguridad.
El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Seguridad Pública para su dictaminación.