El grupo parlamentario del PRI presentó un punto de acuerdo para exhortar al titular de la Auditoría Superior de la Federación para que informe los motivos que llevaron a la realización de un ejercicio de fiscalización de los recursos ejercidos por el Poder Ejecutivo Federal con un alcance tan limitado.
De igual manera, para que se practique una auditoria forense a las áreas del Ejecutivo que fueron excluidas del proceso de fiscalización 2020, en especial la oficina de la presidencia y la Consejería Jurídica del Ejecutivo; y que en el ejercicio de fiscalización a la cuenta pública de 2021, practique auditorías de cumplimiento financiero y de desempeño de más alto calado e incluya en ellas erogaciones de recursos clave en el ejercicio del gasto público como son el Aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas y en especial el Tren Maya.
También piden la intervención de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación para que instruya, en ejercicio de sus atribuciones, y gire sus instrucciones para el objeto de la propuesta.
En su exposición de motivos, la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia explicó que la fiscalización es el proceso de revisar, auditar y vigilar a detalle la congruencia entre los objetivos planteados y las metas alcanzadas en materia de contabilidad, finanzas, presupuesto, endeudamiento, entre otros, de los entes de la administración pública, de los poderes y los organismos autónomos.
“Implica controlar, por la Cámara de Diputados como expresión genuina de la representación popular, las actividades del Estado para confirmar que se ajusten a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad”, agregó.
Asimismo, la legisladora mencionó que los recursos de origen federal que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, fondos y mandatos, públicos o privados, o cualquier otra figura jurídica, son fiscalizables.
En ese sentido, Tiscareño Agoitia señaló que, al analizar el informe de resultados de la fiscalización superior de la cuenta pública del año 2020, dado a conocer el pasado mes de febrero, según lo manifestado en el documento denominado Informe General Ejecutivo, en el apartado donde se detalla la muestra seleccionada para la revisión, encontraron tres datos en los que se debía poner suma atención.
La congresista manifestó que el primero tiene que ver con una desproporción en el ejercicio, pues el porcentaje de la muestra fiscalizada del sector público presupuestario era del 14.4%, mientras que la muestra fiscalizada del dinero que va a estados y municipios era del 85.2%.
“Están más fiscalizadas, al menos en ese ejercicio, las entidades federativas y los municipios, pese a que no son los entes administrativos que más recursos públicos ejercen” puntualizó.
Tiscareño Agoitia agregó como segundo dato que, dentro del rubro del Sector Público Presupuestario, correspondiente a los Poderes de la Unión, encontraron que la muestra de revisión correspondiente al Poder Ejecutivo Federal es del 0%, así como una nota que aclara que dicho poder no reporta cifras de universo y muestra debido a que las auditorías que se le realizaron fueron solo de desempeño.
“El propio informe aclara que en la revisión de cumplimiento financiero de la Administración Pública Federal hay dos áreas que no fueron sujetos de la fiscalización: la Oficina de la Presidencia de la República y la Consejería Jurídica del Ejecutivo” comentó.
Continuando con su exposición, la congresista indicó que el tercer dato a destacar era el relativo al análisis de las áreas claves con riesgo derivadas del proceso de fiscalización, en donde se detalla que, de las 1,264 auditorías practicadas al sector presupuestario federal, sólo 412 no están asociadas con alguna área clave de riesgo.
“El hecho destacable de este dato es que se revisa poco y aún en lo poco se incumple mucho, en ese sentido que bueno que se privilegie hacerles auditorias del desempeño, pues es evidente la falta de preparación para ejercer un buen gobierno, lo lamentable aprender experimentando con el destino de todo un pueblo” concluyó.
El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su estudio y dictamen.