Con la finalidad de reforzar el control del Congreso del Estado sobre la deuda pública, al sustituir autorizaciones genéricas por autorizaciones específicas, verificables y trazables, incorporando definiciones clave y prohibiendo los paquetes de deuda, el grupo parlamentario del Partido MORENA presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Deuda Pública para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
Al hacer uso de la voz, la diputada Martha Edith Moreno Valencia manifestó que la reforma propone que el estándar de autorización sea robustecido, asegurando que el Congreso cuente con insumos suficientes para evaluar necesidad, destino y capacidad de pago, y que el Decreto de autorización establezca condiciones mínimas verificables.
En ese sentido, indicó que la propuesta normativa se concentra en cerrar huecos como que el Congreso no sólo autorice un monto, sino que tenga herramientas para exigir contenido y justificación suficiente desde la solicitud para impedir que se vote con información incompleta o ambigua; que la autorización legislativa sea inmodificable en lo esencial sin volver al Congreso y que el control alcance a todos los entes públicos contemplados por la Ley, evitando esquemas de suma global o autorizaciones poco claras que después se traduzcan en discrecionalidad.
De manera complementaria, dijo, para que el control no se limite a la autorización o rechazo de la solicitud, la iniciativa también refuerza el cómo se contrata; además, se establece lo que es una autorización específica; se define como financiamiento superior aquel cuyo monto total sea superior al 3% de los ingresos del ente público; y se define lo que es un paquete de deuda.
Moreno Valencia apuntó que la iniciativa fortalece los candados para que tampoco existan las vías rápidas que debiliten la disciplina financiera; se precisa que, tratándose de financiamiento superior, la autorización deberá ser específica y no podrá estructurarse como paquete de deuda.
Agregó que la iniciativa parte de una premisa simple, que, si la deuda se paga con recursos del pueblo, entonces debe autorizarse con controles estrictos, información completa y trazabilidad real, para que ningún monto se apruebe en genérico y sin destino verificable.
Finalmente, subrayó que con las modificaciones propuestas se fortalece el papel del Congreso como vigilante de los recursos del pueblo, se evita la discrecionalidad, se obliga a contratar en mejores condiciones y se garantiza que cada operación tenga justificación técnica, comparabilidad financiera y rendición de cuentas oportuna.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su estudio y dictamen.