La diputada Maribel Aguilar González integrante del grupo parlamentario del Partido MORENA presentó un punto de acuerdo para reforzar los protocolos de atención hacia víctimas indirectas de feminicidios.
La propuesta busca exhortar a la gobernadora del estado, Libia Dennise García Muñoz Ledo, para que a través de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas elabore, emita y haga públicos lineamientos o protocolos específicos para la atención diferenciada de víctimas indirectas de feminicidio, en los que se establezcan rutas claras de identificación, incorporación a los registros institucionales, seguimiento a mediano y largo plazo, así como mecanismos de coordinación interinstitucional para garantizar la restitución de derechos.
De igual manera para que por medio de la citada Comisión contemplen de manera específica la atención a niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad derivada de feminicidio incorporando medidas que aseguren su protección integral, permanencia en el sistema educativo, acceso a atención psicosocial continua y mecanismos efectivos de seguimiento; y para que incluyan mecanismos de evaluación y seguimiento que permitan verificar el cumplimiento de las obligaciones institucionales en materia de atención integral a víctimas indirectas de feminicidio.
La legisladora mencionó que, de acuerdo con la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas del Estado de Guanajuato, el Registro Estatal de Víctimas reportó 9,459 personas registradas, de las cuales una proporción relevante corresponde a víctimas indirectas.
Aguilar González detalló que, a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se señala que las víctimas indirectas de delitos violentos como feminicidios presentan con frecuencia diversidad de complicaciones psicosociales, en tanto se insertan en contextos de impunidad, revictimización institucional y precarización económica.
En ese sentido, la congresista subrayó que la atención a víctimas indirectas no puede ser considerada como un componente de la política pública, sino como una obligación central del Estado.
“Las hijas e hijos de víctimas de feminicidio se configuran como víctimas indirectas, al experimentar la ruptura de los sistemas de cuidado, la pérdida del sostén afectivo y, con frecuencia, del ingreso familiar, por lo que la violencia feminicida no solo afecta a una víctima directa, sino que puede generar trayectorias de vulnerabilidad que se extienden a lo largo de generaciones”, precisó.
También compartió que dentro de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas del Estado de Guanajuato, se cuenta con instrumentos normativos y programáticos; sin embargo, no se identifica evidencia de la existencia de protocolos específicos que regulen de manera diferenciada la atención a víctimas indirectas de feminicidio, así como lineamientos claros dentro de dichos instrumentos que establezcan rutas de atención especializadas en aspectos como la identificación de víctimas indirectas, su incorporación a los registros institucionales y el seguimiento a mediano y largo plazo, así como las disposiciones específicas que definan mecanismos diferenciados para asegurar su protección integral.
Finalmente, Aguilar González dijo que la obligación del Estado no se limita a la investigación del delito, sino que incluye la implementación de acciones concretas de acompañamiento, restitución de derechos y reparación integral.
El punto de acuerdo se turnó a la Comisión para la Igualdad de Género para su estudio y dictamen.