En sesión de la Comisión de Hacienda y Fiscalización, se aprobaron los dictámenes de las evaluaciones de desempeño al Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato; primero, al proceso de monitoreo del programa social «QC0134 GTO Activo», a cargo de la Comisión del Deporte del Estado de Guanajuato; y segunda, al proceso de monitoreo del programa social «QB0254 Vivo los Espacios de mi Colonia», a cargo de la Secretaría del Nuevo Comienzo; todas ellas correspondientes al ejercicio fiscal 2024.
Mismo trámite recibieron los informes de resultados relativos a las revisiones practicadas a las cuentas públicas municipales de Doctor Mora y Pueblo Nuevo; así como de la cuenta pública del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato; todos ellos correspondientes al ejercicio fiscal 2024.
Además, se dio cuenta el punto de acuerdo para exhortar a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, con el fin de que en ejercicio de sus atribuciones realice las acciones y gire las instrucciones necesarias con el objeto de: transparentar el uso de los recursos públicos erogados para el tren maya; garantizar su viabilidad financiera; informar sobre los subsidios otorgados para esta obra; investigar y sancionar los posibles actos de corrupción; realizar estudios objetivos de impacto ambiental; emprender obras de mitigación de daño al medio ambiente; y se consideren de forma real a los pueblos afectados por la construcción de esa obra.
Finalmente, se tuvo una presentación del Auditor Superior del Estado de Guanajuato en el que expuso las razones y los casos de controversias que ha dictaminado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por los cuales el Poder Legislativo no tiene facultad para hacer revisiones o procesos de auditoría a partidas de recursos de origen federal.
Al hacer uso de la voz, el diputado Carlos Abraham Ramos Sotomayor puntualizó que conforme al artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Auditoría Superior de la Federación es la instancia facultada para fiscalizar de manera directa las participaciones federales ejercidas por estados y municipios.
Agregó, un llamado al titular de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) a centrar sus esfuerzos estrictamente en las competencias que la ley le otorga, exigiendo que los procesos de evaluación locales sean exhaustivos, sustantivos y técnicamente correctos para garantizar la transparencia en los recursos que sí corresponden a la jurisdicción estatal.
En su intervención, la legisladora Angélica Casillas Martínez calificó como lamentable la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, argumentando que los recursos públicos derivan del esfuerzo de los contribuyentes y no deben quedar exentos de una vigilancia cercana.
Señaló que el origen de estos fondos es la recaudación nacional distribuida a las entidades, por lo que existe una responsabilidad ineludible de clarificar su destino y cuestionó la falta de capacidad que históricamente han enfrentado algunos órganos fiscalizadores para auditar fondos federales sin depender de despachos externos, advirtiendo que la decisión de la Corte evidencia un desconocimiento de la realidad operativa en el territorio y debilita la rendición de cuentas en los municipios.
Por su parte, el congresista Víctor Manuel Zanella Huerta destacó la importancia de informar a la opinión pública sobre esta sentencia, la cual redefine los mecanismos de relación con la Auditoría Superior de la Federación.
Agregó que este cambio en el andamiaje legal coincide con un proceso de renovación en la titularidad del órgano fiscalizador nacional, lo que abre una ventana de oportunidad para integrar una visión institucional renovada en los trabajos de auditoría.
En la reunión estuvieron presentes las diputadas Karol Jared González Márquez, María del Pilar Gómez Enríquez y Angélica Casillas Martínez, así como el diputado Víctor Manuel Zanella Huerta (presidente) y Carlos Abraham Ramos Sotomayor. Acompañados por el auditor superior del Estado de Guanajuato, Juan Víctor Fonseca López.