El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, la representación parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática y la diputada Luz Itzel Mendo González presentaron una iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, con el objetivo de actualizar el esquema de deducciones fiscales relacionadas con gastos educativos.
Al dar lectura a la exposición de motivos de la propuesta, la diputada Susana Bermúdez Cano comentó que la propuesta plantea reconocer de manera más adecuada el esfuerzo económico que realizan las familias para cubrir servicios educativos, mediante la actualización de los límites establecidos para las deducciones por colegiaturas, así como la incorporación de otros gastos vinculados con la formación escolar.
Bermúdez Cano señaló que la educación constituye un derecho humano reconocido en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya garantía requiere políticas públicas que permitan ampliar oportunidades educativas, favorecer la permanencia escolar y evitar que las condiciones económicas representen una barrera para las y los estudiantes.
En ese sentido, destacó que las instituciones educativas particulares forman parte del sistema educativo nacional y que las familias que optan por estos servicios realizan un esfuerzo económico que complementa las capacidades del Estado para atender la demanda educativa.
Refirió que desde 2011 los límites aplicables a las deducciones por servicios de enseñanza permanecen expresados en cantidades nominales, sin un mecanismo que permita conservar su valor real frente al incremento de los precios de los servicios educativos.
Por lo que se propone, dijo, actualizar dichos montos tomando como referencia la variación del componente “Educación (colegiaturas)” del Índice Nacional de Precios al Consumidor publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con el propósito de recuperar el poder adquisitivo que tenía originalmente el beneficio fiscal.
Agregó que se busca que los límites sean expresados en veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que permitiría que el beneficio pueda actualizarse periódicamente sin requerir modificaciones legislativas constantes.
Asimismo, precisó que se contempla ampliar el reconocimiento fiscal de gastos relacionados con la educación, al considerar que además del pago de colegiaturas existen otros conceptos asociados a la permanencia escolar, como inscripción, reinscripción, útiles escolares y uniformes.
La congresista señaló que dicha medida busca brindar mayor certeza jurídica a las familias contribuyentes, al establecer directamente en la Ley del Impuesto Sobre la Renta los elementos esenciales del beneficio fiscal, sin limitar las facultades de la autoridad tributaria para verificar el cumplimiento de los requisitos correspondientes.
Finalmente, resaltó que la iniciativa no pretende sustituir la responsabilidad del Estado en materia educativa ni trasladar al sistema fiscal el costo total de la educación privada, sino reconocer de manera razonable el esfuerzo económico que realizan las familias y contribuir a fortalecer la continuidad de las trayectorias educativas.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su estudio y dictamen.