El diputado David Martínez Mendizábal, integrante del grupo parlamentario del Partido MORENA, presentó una iniciativa de reforma a la Ley para la Protección de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, con el propósito de establecer plazos máximos para la resolución de quejas y fortalecer la transparencia sobre la duración de los procedimientos que tramita la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG).
El congresista señaló que la legislación vigente establece plazos para diversas actuaciones de las personas quejosas y de las autoridades señaladas, pero no fija un límite general para concluir la investigación y emitir la resolución definitiva.
Refirió que esa falta de certeza puede prolongar la incertidumbre de las víctimas y retrasar el reconocimiento de las violaciones a sus derechos humanos y el acceso a medidas de reparación.
Comentó que de acuerdo con datos del Informe de Actividades 2025 de la PRODHEG, se reportaron 2 mil 917 expedientes de queja iniciados y 3 mil 371 concluidos, además de 600 resoluciones de fondo: 202 recomendaciones y 398 determinaciones de no recomendación; mientras que, de las 202 recomendaciones emitidas durante ese año, 90 correspondieron a expedientes identificados con los años 2022 o 2023, lo que representa el 44.6 % del total.
Martínez Mendizábal manifestó que establecer términos verificables permitiría evaluar el desempeño institucional, identificar rezagos y fortalecer la organización y el seguimiento de los procedimientos. Además, sostuvo que una resolución oportuna puede contribuir a reducir la incertidumbre y evitar que la prolongación de los trámites agrave las afectaciones de quienes acuden al organismo, particularmente de personas en condiciones de vulnerabilidad.
El legislador remarcó que la iniciativa busca que los principios de inmediatez, concentración y celeridad que rigen los procedimientos de protección de los derechos humanos se traduzcan en términos concretos, mecanismos de seguimiento e información pública que permitan evaluar el cumplimiento de las obligaciones de la Procuraduría.
Finalmente, indicó que se plantea que las resoluciones de recomendación o los acuerdos de no recomendación se emitan en un plazo máximo de diez meses, contado a partir del día siguiente al de la admisión de la queja o denuncia. El mismo término aplicaría para los expedientes iniciados de oficio.
Asimismo, una vez concluida la investigación, la Procuraduría cuenta con treinta días naturales para emitir la determinación correspondiente, periodo que podría ampliarse, por una sola ocasión, hasta por diez días naturales, mediante un acuerdo fundado y motivado del titular del organismo cuando la naturaleza del asunto así lo requiera.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables para su estudio y dictamen.