Con el propósito de fortalecer la supervisión de las empresas de seguridad privada y prevenir posibles riesgos de infiltración de la delincuencia organizada, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Privada del Estado de Guanajuato.
Al dar lectura a la exposición de motivos de la propuesta, el diputado Alejandro Arias Ávila señaló que la diversificación de los servicios de seguridad privada hace necesario actualizar la clasificación prevista en la legislación, con el propósito de evitar vacíos que dificulten la autorización, supervisión y vigilancia de quienes realizan estas actividades.
Asimismo, indicó que la seguridad privada constituye una actividad auxiliar de la seguridad pública, por lo que su prestación requiere condiciones adecuadas de legalidad y confiabilidad. En ese sentido, advirtió que la posible infiltración de grupos criminales en ese sector representa un riesgo para la protección de personas, bienes e instalaciones.
Arias Ávila se refirió a los hechos violentos registrados en espacios deportivos de Guanajuato y a información periodística sobre posibles vínculos entre personas relacionadas con empresas de seguridad privada y organizaciones criminales. Esos antecedentes, dijo, hacen necesario fortalecer los mecanismos institucionales de supervisión, sin asumir que la totalidad de las empresas del sector incurre en prácticas ilícitas.
El congresista comentó que se pretenden establecer mecanismos de información que apoyen las tareas de prevención del delito y seguridad pública relacionadas con estos servicios; integrar y mantener actualizada una base de datos sobre solicitudes de empleo y contrataciones de personas que hayan pertenecido a instituciones de seguridad pública estatal o municipal, así como consolidar una base de datos sobre hechos delictivos ocurridos durante la prestación de servicios de seguridad privada o en los que se vean involucrados sus prestadores.
Afirmó que esas herramientas permitirían fortalecer las labores de análisis, identificar posibles factores de riesgo y orientar las acciones de inspección y supervisión, sin prejuzgar sobre la responsabilidad de las personas involucradas.
El legislador precisó que se busca ampliar las modalidades de servicios sujetos a regulación y establecer mecanismos de coordinación e intercambio de información entre las empresas del sector y la Secretaría de Seguridad y Paz.
En cuanto a las modalidades de prestación del servicio, Arias Ávila puntualizó que se plantea incorporar expresamente la seguridad privada intramuros o vigilancia fija, la custodia de mercancías y transporte, así como la seguridad privada para eventos.
Lo anterior, a fin de que actividades como el control de accesos en fraccionamientos, zonas residenciales, centros comerciales, oficinas gubernamentales y empresas, además de la protección en eventos sociales, institucionales, corporativos o masivos, queden comprendidas en el marco regulatorio estatal.
Finalmente, mencionó que también se contempla que la Secretaría de Seguridad y Paz emita los lineamientos correspondientes y establezca acuerdos de coordinación e intercambio de información para precisar los procedimientos y condiciones aplicables a las empresas y personas físicas autorizadas.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Seguridad Pública para su estudio y dictamen.