Con el objetivo de garantizar que niñas, niños y adolescentes estudien en entornos seguros, libres de violencia y discriminación, el diputado Sergio Contreras presentó una iniciativa de reforma a la Ley para una Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar, con la que busca fortalecer los mecanismos de prevención, atención y seguimiento de los casos de bullying en Guanajuato.
Durante su intervención en tribuna, el legislador señaló que el acoso escolar representa una problemática grave en Guanajuato, de acuerdo con los datos expuestos en el INEGI, el 28% de las y los adolescentes en México han declarado haber sido víctimas de acoso escolar, lo que, al trasladarse a los datos de Guanajuato, representa una estimación superior a 300 mil posibles víctimas.
Asimismo, destacó que durante 2025 se presentaron 602 denuncias por violencia escolar ante la Secretaría de Educación de Guanajuato, de las cuales únicamente 196 derivaron en una investigación formal. Es decir, dos de cada tres reportes no avanzaron a esa etapa.
El diputado también hizo referencia a los registros de lesiones de la Secretaría de Salud correspondientes a 2024, en los que Guanajuato concentró el 29% de las atenciones hospitalarias por violencia psicológica ocurrida en el ámbito escolar a nivel nacional.
Señaló que, si bien Guanajuato cuenta con una legislación en materia de convivencia escolar desde 2013, esta presenta vacíos que dificultan la atención efectiva de las víctimas, como la falta de plazos específicos para investigar y resolver las denuncias, la ausencia de un protocolo único obligatorio y la falta de medidas claras para evitar represalias.
Ante este panorama, la iniciativa plantea ampliar la cobertura de la ley para incluir las agresiones cometidas en actividades extraescolares y espacios digitales, además de reconocer expresamente el derecho de las y los estudiantes a desarrollarse en ambientes seguros, incluyentes y libres de violencia.
Entre las principales propuestas destaca establecer un plazo máximo de 24 horas para que las autoridades educativas inicien las investigaciones por denuncias de acoso escolar, así como formalizar un Plan de Atención por escrito y garantizar el seguimiento obligatorio de cada caso.
También propone que, cuando las agresiones sean cometidas por personal docente o administrativo, se contemple su separación preventiva de las aulas y se impida que el propio plantel o los superiores involucrados sean quienes investiguen los hechos.
De igual manera, se plantea ordenar la creación y publicación de un protocolo de actuación obligatorio y se requiere un cambio de grupo, turno o plantel únicamente en la persona generadora de violencia, no en la victima.
La propuesta contempla además la creación de un Registro Estatal de Acoso y Violencia Escolar, con informes públicos y datos abiertos que permitan conocer y dar seguimiento a la problemática.
Finalmente, se propone habilitar un canal directo ante la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para intervenir cuando las autoridades escolares omitan actuar ante una situación de violencia.
“Las escuelas deben ser espacios seguros, donde no se tolere el abuso; deben ser espacios de crecimiento y desarrollo personal”, concluyó.