La Comisión de Salud Pública llevó a cabo dos mesas de trabajo con el objetivo de analizar iniciativas de reforma a la legislación estatal. Las propuestas están centradas en garantizar la atención médica a víctimas vinculadas con la desaparición o no localización de personas, así como en brindar atención integral a quienes padecen algún trastorno de salud mental.
La primera iniciativa propone reformar la Ley de Salud estatal, a fin de garantizar una atención médica prioritaria, inmediata, continua e integral para las víctimas directas, indirectas y potenciales de este delito o problemática.
Al respecto, el diputado David Martínez Mendizábal señaló que la propuesta para asegurar la atención médica de las personas buscadoras surgió de las necesidades expresadas por los propios colectivos durante las mesas de trabajo. Explicó que la iniciativa fue elaborada a partir de sus planteamientos y devuelta a los grupos de búsqueda para que revisen su contenido y determinen qué aspectos deben modificarse, agregarse o eliminarse.
Asimismo, destacó que las afectaciones a la salud derivadas de las labores de búsqueda requieren de una atención diferenciada, dadas las condiciones y enfermedades específicas que enfrentan durante su labor.
Por su parte, integrantes de los colectivos de personas desaparecidas solicitaron que se garantice una atención médica prioritaria, efectiva y digna, sin que la falta de un registro oficial o carnet sea un obstáculo para acceder a los servicios de salud. Propusieron facilitar el acceso a consultas de especialidad, atención psicológica y dental, dotación de lentes, estudios médicos anuales y servicios de traslado en ambulancia, además de brindar acompañamiento físico y psicológico especializado antes, durante y después de las jornadas de búsqueda.
De igual forma, exhortaron a que las iniciativas se traduzcan en acciones concretas y verificables, mediante el seguimiento a los casos, la aplicación efectiva de la normativa existente y la voluntad política de las autoridades para garantizar el respeto a sus derechos y dignidad humana.
En su intervención, el diputado Antonio Chaurand Sorzano reiteró el compromiso de continuar impulsando mesas de trabajo para atender las demandas de los colectivos. Reconoció la complejidad de la problemática que enfrentan; sin embargo, aseguró que existe la plena disposición de comprender sus vivencias y construir alternativas desde su realidad, manifestando su total respaldo a las y los buscadores.
Atención integral en salud mental
La segunda mesa de trabajo tuvo como propósito analizar la propuesta de reforma a la misma norma jurídica relativa a la prestación de una atención integral, inclusiva y accesible para toda persona con algún trastorno mental, considerando su edad, así como su contexto socioeconómico y psicosocial.
Representantes de la Secretaría de Salud precisaron que la atención en esta materia contempla el seguimiento individualizado según los síntomas, el diagnóstico y el contexto particular de cada paciente. Explicaron que el sistema estatal ya contempla acciones de prevención y acompañamiento dirigidas a niñas, niños y adolescentes, incluso antes de que se diagnostique un trastorno.
Asimismo, indicaron que, aun cuando variables como la edad y el sexo son relevantes, los modelos de intervención se determinan prioritariamente a partir de las necesidades clínicas individuales, garantizando así un servicio integral y adecuado.
Por su parte, la diputada María Eugenia García Oliveros expuso la propuesta para fortalecer la atención integral de la salud mental con servicios oportunos y adaptados a cada etapa del desarrollo humano. Detalló que el objetivo es avanzar hacia un modelo más humano, preventivo y accesible, que facilite la detección temprana de padecimientos y el acceso a tratamiento especializado.
En su análisis, personal de la Consejería General Jurídica señaló que, en términos generales, la iniciativa no resulta viable debido a que propone incorporar modelos diferenciados de atención cuyas disposiciones deben alinearse con la Ley General de Salud. Expresaron que, al ser la salud mental una materia de salubridad general, las entidades federativas deben ejercer sus facultades conforme a la distribución de competencias fijada por la legislación federal, evitando la duplicidad de normas, contradicciones o la invasión de atribuciones reservadas a la Federación.
Puntualizaron la necesidad de adecuar la propuesta al marco normativo federal vigente con el fin de no exceder las competencias estatales y, al mismo tiempo, asegurar que cualquier medida en la materia contribuya de forma efectiva a la protección de los derechos humanos y a la correcta prestación de los servicios de salud.
A su vez, el Instituto de Investigaciones Legislativas precisó que la iniciativa no genera un nuevo derecho, sino que busca actualizar la legislación local para reforzar la garantía del derecho a la salud mental en la entidad; no obstante, advirtió que el texto requiere ajustes de técnica legislativa para su debida adecuación.
En los trabajos de las mesas participaron las personas diputadas Miriam Reyes Carmona, David Martínez Mendizábal, María Eugenia García Oliveros y Antonio Chaurand Sorzano.
Asimismo, asistieron representantes de la Consejería General Jurídica del Estado y de la Secretaría de Salud del Estado, además de integrantes de los colectivos de búsqueda: A tu encuentro, Unidos por los Desaparecidos de León, Colectivos Unidos por los Desaparecidos León y Colectivos Salamanca Unidos.