El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa de reforma a la Ley del Servicio Profesional de Carrera Policial del Estado y Municipios de Guanajuato, a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, a la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato y a Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato, con el objetivo de reconocer y garantizar la atención psicológica permanente, preventiva, periódica, especializada y confidencial para las personas integrantes de las instituciones de seguridad pública.
Al hacer uso de la voz, la diputada Sandra Alicia Pedroza Orozco señaló que la salud constituye uno de los pilares esenciales para el desarrollo integral de las personas y es una condición indispensable para el ejercicio efectivo de los derechos humanos, pero que durante décadas la salud mental ocupó un lugar secundario dentro de las políticas públicas y de los sistemas sanitarios, pese a su estrecha relación con el bienestar individual, la cohesión social y el desarrollo económico.
Por lo anterior, la legisladora comentó que la función policial es una actividad de alto riesgo psicosocial y que las personas policías atienden en su actividad cotidiana homicidios, accidentes fatales, enfrentamientos armados, desapariciones de personas, rescates, suicidios, violencia contra niñas, niños y adolescentes, así como múltiples situaciones de crisis e inseguridad social, que pueden derivar en ansiedad, depresión, estrés postraumático, agotamiento emocional, consumo problemático de alcohol o sustancias psicoactivas, entre otras cuestiones que merman su salud física y emocional.
La congresista refirió que en Guanajuato la salud mental policial ya ha mostrado señales de urgencia, pues el estudio de Azul Cobalto documentó en México 131 suicidios de personas integrantes de corporaciones policiales entre el 1 de enero de 2018 y el 14 de julio de 2026, dentro de un universo de 3,954 bajas policiales, de los cuales 7 casos han ocurrido en Guanajuato, destacando lo sucedido el 14 de julio pasado en el que falleció por suicidio un policía municipal de León.
Finalmente, mencionó que la iniciativa propone incorporar de manera expresa el derecho del personal policial a recibir atención psicológica permanente, preventiva, periódica, especializada y confidencial, junto a que se obligue a los ayuntamientos a garantizar el servicio de atención psicológica integral en salud mental para las personas integrantes de las instituciones de seguridad pública y de prevención del delito.
La iniciativa fue turnada a las comisiones de Seguridad Pública, Asuntos Municipales, Gobernación y Puntos Constitucionales y Salud Pública, para su estudio y dictamen.