El Pleno del Congreso aprobó las reformas a la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios, al Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato y a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado.
Lo anterior con la finalidad de llevar a cabo la armonización de la legislación local con la ley general en materia de movilidad y seguridad vial; que las mujeres pueden acceder a la movilidad y seguridad vial en condiciones de igualdad; que las obras de infraestructura vial urbana y carretera prioricen a las personas peatonas, a los vehículos no motorizados y al transporte público; y en materia de presupuestos, participación ciudadana, planeación, información, evaluación y seguimiento.
Las reformas contemplan la aplicación del enfoque de sistemas seguros en la seguridad vial para el desplazamiento por el territorio de la entidad con respeto a los derechos humanos, así como que la planeación, organización, administración y control de la infraestructura para las personas con discapacidad o movilidad limitada, peatones, movilidad no motorizada y transporte público y especial, infraestructura vial, infraestructura carretera y el equipamiento vial, sea conforme a los principios y la jerarquía de movilidad establecida en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.
También se incluye que los principios rectores de la movilidad y seguridad vial se considerada la accesibilidad, calidad, confiabilidad, diseño universal, eficiencia, equidad, habitabilidad, inclusión e igualdad, innovación tecnológica, movilidad activa, multimodalidad, participación, perspectiva de género, progresividad, resiliencia, seguridad, seguridad vehicular, sostenibilidad, transparencia y rendición de cuentas, transversalidad y el uso prioritario de la vía o del servicio.
Se señala que para el establecimiento de la política pública en la materia, se otorgará prioridad en la utilización de la vía pública a la persona y a los grupos en situación de vulnerabilidad y sus necesidades y se valorará la distribución de recursos presupuestales de acuerdo con la siguiente jerarquía de movilidad que pone en primer lugar a las personas peatonas, en la que se incluye un enfoque equitativo y diferenciado a género, personas con discapacidad y movilidad limitada.
Además, se deberá considerar en la conformación del Programa Estatal de Movilidad y Seguridad Vial las propuestas y recomendaciones de los colegios de ingenieros civiles, arquitectos, topógrafos, de las cámaras y organismos de la industria de la construcción, logística y de la vivienda, junto a las dependencias, entidades, institutos estatales y municipales, y organizaciones de la sociedad civil, cuyo objeto sea la implementación de acciones afirmativas que mejoren la experiencia de la movilidad.
Se observa la creación del Fondo de Movilidad Sustentable y Segura, como un programa presupuestal, cuyo objetivo será financiar programas y proyectos de movilidad urbana sustentable en el estado; así como de los Observatorios Ciudadanos como mecanismos de estudio, investigación, propuestas y evaluación de las políticas públicas en la materia.
También se crea el Consejo Estatal de Movilidad y Seguridad Vial que tiene por objeto coordinar a las autoridades en materia de movilidad y seguridad vial, así como con los sectores de la sociedad en la materia para atender las necesidades de la sociedad en el ámbito de sus competencias; y que el Subsistema Estatal de Información de Movilidad y Seguridad Vial estará compuesto por información homologada, georreferenciada, estadística, indicadores de movilidad y gestión administrativa sobre el avance de proyectos y programas.
Respecto a las modificaciones al Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se especifica que los proyectos de nuevas vialidades urbanas, semiurbanas y rurales deberán considerar asignar secciones adecuadas a personas peatonas, carriles exclusivos para vehículos no motorizados y carriles exclusivos al transporte público, cuando se trate de un corredor de alta demanda o el contexto así lo amerite.
Mientras que lo referente a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, se enuncia que el Registro Estatal de licencias y de infracciones deberá ser permanentemente actualizado con los datos de la propia unidad administrativa, los proporcionados por los municipios de la entidad, por las autoridades jurisdiccionales competentes y los que se generen en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.
Al hablar a favor del dictamen, el diputado Bricio Balderas Álvarez reiteró la importancia de realizar el Ejercicio de Consulta Pública tanto a las personas con discapacidad como a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, por tomar en cuenta las opiniones y necesidades que observan ambos grupos y así elaborar ordenamientos integrales e inclusivos.
El congresista precisó que dentro de los acuerdos formalizados entre los participantes en la Asamblea General de Consulta fue prever en el articulado la obligatoriedad de que las autoridades competentes establezcan en la normativa específica las medidas o sanciones correspondientes en los supuestos de infracción a las normas, tanto para particulares como para servidores públicos y un esquema de capacitación y sensibilización a operadores y servidores públicos en temas de discapacidad y sensibilización.
Balderas Álvarez comentó que también se incorporaron los conceptos de movilidad del cuidado y movilidad reducida, que se tengan organismos que puedan dar seguimiento al cumplimiento de la norma, contar con una ventanilla de quejas y denuncias del incumplimiento de la norma, contemplar entre las herramientas de accesibilidad, guías podo táctiles, la señalética para personas con discapacidad, así como las tecnológicas como pantallas en paradas de autobús, semáforos con sonido y videos con lenguas de señas mexicana.
El legislador finalizó diciendo que se tuvo un proceso legislativo en materia de movilidad y seguridad vial donde prevaleció la participación ciudadana, a través de la figura del Parlamento Abierto, además de dejar constancia del cumplimiento puntual a los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por su parte, La congresista Dessire Ángel Rocha refirió que Guanajuato registra un 7% de defunciones por accidentes de tránsito que lo posiciona como el tercer estado con mayor incidencia en el rubro mostrado, tomando en cuenta que tan solo en León en el 2023 se registraron 41 muertes viales y en lo que va del 2024.
Expresó que el dictamen contiene una regulación para explicitar que el destino de los recursos presupuestarios se traduzca en criterios para la mejora de la movilidad y la seguridad vial, bajo los principios de las calles completas y el diseño universal, se tengan estudios, diagnósticos y la generación de información confiable para la toma de decisiones públicas.
Complementó diciendo que las modificaciones reconocen la movilidad con perspectiva de género con repercusiones en la disminución de las desigualdades en materia de cuidados con la posibilidad de que las autoridades puedan considerar fijar subsidios o subvenciones a la movilidad del cuidado.
En su intervención, el diputado Rolando Fortino Alcantar Rojas expresó que toda persona tiene derecho a una movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad, lo que se transforma en colocar a las personas como eje primario, junto a que la aprobación del dictamen de las 5 diferentes iniciativas van acorde con la progresividad de los derechos humanos.
Añadió que la metodología implementada en el análisis de las propuestas tuvo como punto diferenciador una serie de consultas a grupos específicos por tenerse disposiciones que impactan de manera directa a personas con discapacidad y pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, por lo que el producto final abraca una visión de integración de todos los grupos de la sociedad que conforman el estado.
La legisladora Katya Cristina Soto Escamilla comentó que a través de esta reforma se centra en las necesidades de una accesibilidad universal y una movilidad incluyente que permitirá generar ajustes razonables en el transporte público y que traerá beneficios en la vida de las personas con discapacidad, las mujeres y los grupos vulnerables.
Concluyó diciendo que la aprobación conlleva a generar acciones y proyectos integrales resultados a futuro sean contar con ciudades incluyentes que permitan superar los diversos problemas relacionados con la exclusión, la viabilidad, el espacio urbano y la calidad de vida de las y los habitantes de la entidad sin distinción.
Asimismo, planteó una reserva referente a la movilidad del cuidado para que quede como viaje realizado en la consecución de actividades relacionadas con el trabajo no remunerado de cuidado, asistencia o apoyo a las personas que requieren de otra persona para su traslado dependientes o con necesidades específicas. La propuesta fue avalada.
El diputado Bricio Balderas Álvarez solicitó una reserva relacionada con que la Presidencia, para la mejor organización del trabajo interno del Consejo Estatal de Movilidad y Seguridad Vial, deberá proponer a éste los lineamientos de operación, para su aprobación por sus integrantes.
También pidió que en caso de motocicletas, sólo podrán viajar las personas que ocupen asientos acondicionados para dicho efecto, según conste en la tarjeta de circulación y puedan sujetarse por sus propios medios, los menores de edad que no cumplan con este criterio no podrán viajar en motocicleta, además de que toda persona que viaje en motocicleta deberá utilizar debidamente colocado, ajustado y de su talla, casco protector que cumpla con las especificaciones o características establecidas por la norma oficial mexicana aplicable.
Y finalmente, que el Artículo Tercero de los Transitorios menciones que la sesión de conformación del Primer Consejo Estatal de Movilidad y Seguridad Vial será convocada previo acuerdo con la persona el Titular del Ejecutivo, por el Secretario de Infraestructura, Conectividad y Movilidad, dentro de los 90 días siguientes, contados a partir del 26 de septiembre de 2024, de conformidad con el artículo 71 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato.
Todas las reservas y el dictamen fueron aprobados por unanimidad.