En sesión ordinaria, el Pleno del Congreso del Estado aprobó reformas al Código Fiscal, a la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato y a la Ley de Bebidas Alcohólicas para el Estado de Guanajuato y sus Municipios.
Las reformas al Código Fiscal tienen por objeto armonizar, ajustar trámites e incorporar elementos a dicho ordenamiento acordes a las recientes adiciones a la Ley de Hacienda estatal en materia de impuestos ecológicos de remediación ambiental.
Se establece que podrán ser auxiliares en materia fiscal del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato, así como cualquier ente federal o municipal respecto a los impuestos ecológicos de remediación ambiental.
Se contemplan en las obligaciones de los contribuyentes durante el desarrollo de una visita, determinadas actividades como la emisión de contaminantes al suelo, subsuelo, agua y a la atmósfera o al depósito o almacenamiento de residuos en vertederos públicos o privados.
Se actualiza y delinea el secreto fiscal, estableciendo las autoridades competentes para acceder a la información de naturaleza fiscal; y se reduce el plazo que corresponde a la notificación realizada por las autoridades fiscales a través de estrados.
En lo que respecta a las reformas a la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato se establece en los sujetos obligados al pago del impuesto por servicios de hospedaje que cuando la contraprestación por servicios de hospedaje cubra a través de una persona física o moral en su carácter de intermediaria, promotora o facilitadora por medio de plataformas tecnológicas, estas tendrás la calidad de retenedoras de ese impuesto.
También se indica que cuando la contraprestación por servicios de hospedaje se cubra a través de una intermediaria, promotora o facilitadora por medio de plataformas tecnológicas, estas determinarán, retendrán y enterarán mensualmente el impuesto, mediante declaraciones definitivas a más tardar el día veintidós del mes inmediato siguiente a aquél en que se cause.
De igual manera, se establecen las obligaciones de los retenedores y se precisan algunas modificaciones en cuanto a la obligación del SATEG de mantener actualizado el padrón vehicular.
Finalmente, se avalaron las modificaciones a la Ley de Bebidas Alcohólicas para el Estado de Guanajuato y sus Municipios en materia de licencias de alcoholes para establecer que en el caso de modificación de titular, adicional al cumplimiento de los requisitos ya establecidos, el solicitante deberá acreditar que cuenta con los derechos de la licencia de manera legítima, para lo cual, deberá adjuntar el testimonio público o, en su caso, los testimonios para acreditar este hecho; o bien, resolución judicial en firme, en la que conste de manera expresa la adjudicación de los derechos de licencia a su favor.
Otras aprobaciones
Como parte del orden del día, se avalaron dos solicitudes de deuda. La primera, formulada por el gobernador del estado, a efecto de solicitar autorización para que directamente, o por conducto de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración realice el proceso competitivo para la contratación de financiamientos con instituciones financieras hasta por la cantidad de 2 mil 900 millones de pesos para destinarlos a diversos proyectos de inversión pública productiva.
Los rubros para la deuda son programa de infraestructura y equipamiento educativo; infraestructura social, sostenible y para el desarrollo regional; programa de infraestructura de conectividad terrestre y movilidad; fortalecimiento del sistema de salud pública y fortalecimiento del sistema de seguridad pública y procuración de justicia.
En contra se pronunció la diputada Martha Edith Moreno Valencia, quien apuntó que no se puede gobernar dependiendo del dinero prestado, lo cual está pasando en la presente administración, ya que cada año se contratan nuevos créditos.
La congresista precisó que la deuda ha incrementado 156% en tres años y con la presente se incrementaría en un 222.9 % respecto al 2019.
Manifestó que la ciudadanía no necesita más deudas, y que la deuda es un problema público importante pues compromete muchos recursos que restringen la capacidad de maniobra de los futuros gobiernos, además de que deber ser la última opción para financiar el gasto del gobierno, no la primera.
Por su parte, el congresista Víctor Manuel Zanella Huerta habló al favor del dictamen y manifestó que era una deuda que busca abatir las necesidades y carencias de los más de 6 millones 100 mil guanajuatenses, en beneficio de la gente que menos tiene, pero que más lo necesita.
Apuntó que es un instrumento que ocupan todos los gobiernos del mundo, así como el gobierno federal; que habían más de 32 mil millones de pesos que no han llegado al estado; y que, del gasto público de inversión, a Guanajuato sólo se le había asignado el 0.35%, por lo que no habría caminos rurales, hospitales ni escuelas nuevas por parte de la Federación.
Afirmó que el financiamiento era responsable y no comprometía las finanzas públicas y que el recurso solicitado servirá para construir, rehabilitar, mejorar las escuelas, infraestructura básica comunitaria, entre otras cosas. Finalizó diciendo que se buscaba un Guanajuato más justo y equitativo, donde todos tengan mejores oportunidades con una mejor calidad de vida.
En rectificación de hechos, la congresista Alma Edwviges Alcaraz Hernández externó que cuando se critican las malas decisiones de los gobiernos locales de la entidad, se justifican con en el hecho de que la política federal se encuentra fuera de su ámbito de acción.
Asimismo, manifestó que cuando realizan comentarios desde su grupo parlamentario respecto a que la deuda pública no es el mejor camino, recurren a exponer dicha situación a nivel federal.
En ese sentido, indicó que lo anterior se explica de manera sencilla, ya que la actual administración federal lo que ha hecho es reestructurar la deuda pública que dejaron las administraciones pasadas, y que lo único que ha buscado es bajar los costos del interés de la deuda.
Por su parte, la legisladora Martha Edith Moreno Valencia habló de la incongruencia que se veía con estos actos, que era el cuarto endeudamiento, que Guanajuato no lo habían rescatado y seguía creciendo en pobreza, homicidios y la deuda no era la solución.
En su participación en contra, la diputada Dessire Angel Rocha subrayó que no había duda de la capacidad de pago del gobierno de Guanajuato, que así lo indican los análisis y los números, sin embargo, la pregunta se centraba, dijo, en la necesidad de la deuda que se sumaría a las cantidades contratadas en años anteriores, aunado al mal momento que se atraviesa para la contratación, pues las tasas de interés no favorecen un costo del manejo de deuda accesible.
La legisladora hizo un análisis puntual sobre los recursos con los que cuenta la entidad y enfatizó que dinero había, cuestionando si realmente se necesitaban casi 3 mil millones de pesos por deuda si se tuvieron 13,500 millones de pesos adicionales este 2022 y se tendrán 18 mil más por ingresos en 2023, por lo que no se debía contratar deuda solo porque se puede.
El dictamen fue aprobado por mayoría de votos.
También se autorizó la solicitud realizada por el ayuntamiento de Irapuato para contratar un financiamiento hasta por la cantidad de 184 millones 80 mil 148 pesos para destinarlos a la construcción de las avenidas Gabriel García Márquez, en el tramo de la avenida Gerardo Fernández González Murillo a calle Girasol (Agricultores) e Independencia, en el tramo de la avenida Las Águilas a la calle Denia (cuerpo norte) en el municipio de Irapuato.
La diputada Yulma Rocha Aguilar se pronunció en contra al señalar que en una administración pasada se solicitó la autorización de deuda para pavimentación de calles y que con la presente propuesta se realiza la solicitud para destinarlo también al tema de calles.
En ese sentido, precisó que no es malo que se hagan calles, al contrario, pero que la visión de las autoridades deber ir más allá, en proyectos que den solución a las problemáticas de la ciudad, como infraestructura, seguridad, transporte público, esparcimiento, por mencionar algunos.
Rocha Aguilar señaló que la deuda pública no es mala, pero tiene que ser detonador del desarrollo de la ciudad.
Al hablar a favor, el legislador Víctor Manuel Zanella Huerta sostuvo que la solicitud que presentó el Ayuntamiento de Irapuato es responsable y no compromete sus finanzas públicas. Comentó que con este financiamiento se realizarían dos obras viales importantes: la Avenida Gabriel García Márquez y la Avenida Independencia.
Resaltó los beneficios que habrá con esas nuevas vialidades, los cuales se reflejarán en conectividad para el transporte público y para que ambulancias y patrullas puedan llegar en menor tiempo a prestar servicios a los ciudadanos que lo requieren, lo que ayudaría a los irapuatenses a mejorar su calidad de vida.
En su intervención, la legisladora Irma Leticia González Sánchez subrayó que la deuda pública debe ser la última opción para financiar la actividad de los gobiernos y desarrollar la infraestructura necesaria.
En el caso de Irapuato, se refirió a la cuenta pública municipal 2022 y al destino que se hizo del gasto en materia de comunicación social y gastos de servicios oficiales, los cuales se incrementaron y consideró no son prioritarios, por lo que quedaba claro que no se está utilizando la deuda como la última opción.
Agregó que el nivel de deuda que tendrá el municipio lo obligará, según sus propias proyecciones, a comprometer 584 millones de pesos en los próximos 10 años (hasta 2032), de los cuales 194 millones son sólo costo financiero, por lo que manifestó que los intereses que deben pagarse debido a la deuda pública, cuando alcanzan ese volumen, se convierten en un desvío legalizado de recursos.
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