El diputado Antonio Chaurand Sorzano, integrante del grupo parlamentario del Partido MORENA, presentó un punto de acuerdo para exhortar al Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato para que evalúe y, en su caso, implemente la creación de un juzgado especializado en procedimientos de adopción, con el propósito de fortalecer el acceso a la justicia y garantizar la protección integral de niñas, niños y adolescentes.
El congresista recordó que, en octubre de 2022, el Poder Judicial del Estado de Guanajuato implementó el uso de las Salas Especializadas para la Participación Infantil y Adolescente con el fin de garantizar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes en los procesos familiares. Pese a ello, dijo, persiste la multiplicidad de problemas relacionados con la adopción y con la infancia en situación de desamparo.
En particular, expuso el diputado que en la segunda instancia (apelación) se identifican problemáticas relevantes, como la limitación de la revisión a los agravios expuestos, la ausencia de inmediatez en la valoración de pruebas personales y el riesgo de demoras excesivas, factores que, en conjunto, pueden afectar la tutela judicial efectiva.
Chaurand Sorzano manifestó que la problemática no radica principalmente en las salas de segunda instancia, sino en factores estructurales de la primera instancia: la elevada carga de trabajo en los juzgados, la insuficiente especialización en materia de adopción y la persistencia de procedimientos extensos y complejos desde etapas iniciales, elementos que inciden de manera directa en la duración y eficacia de los procesos, limitando el acceso oportuno a la justicia.
El congresista comentó que el Estado de México y Coahuila recientemente innovaron en la creación de salas especializadas y programas que atienden esos conceptos, y resaltó que se debe contar con instituciones jurídicas que permitan atender con eficiencia todas las situaciones relacionadas con la familia
Finalmente, señaló que con la creación de juzgados especializados hay la posibilidad de acortar la duración de los procedimientos, incrementar el número de asuntos resueltos y mejorar el acierto y la calidad de las decisiones judiciales en la protección de los derechos de la infancia.
El punto de acuerdo se turnó a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen.