La diputada María Eugenia García Oliveros, integrante del grupo parlamentario del Partido MORENA, formuló un punto de acuerdo para exhortar al titular de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato para que revise los protocolos de investigación con perspectiva de género, y su correcta aplicación en la representación legal de las víctimas de delitos con la finalidad de garantizar justicia de forma amplia, pronta y expedita, así como para que garantice procesos de defensa con perspectiva de género, con sensibilidad, y que informen a las víctimas con la mayor claridad posible y en tiempo sus derechos, así como el significado de cada parte del proceso.
También al titular de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas para que revise que el trabajo de las y los asesores jurídicos cumpla con las obligaciones que les confiere la Ley para hacer efectivos cada uno de los derechos y garantías de las víctimas, en especial el derecho a la protección, la verdad, la justicia y a la reparación integral, así como que realicen su trabajo con verdadera perspectiva de género.
La diputada dijo que la Fiscalía General tiene como responsabilidad representar a las víctimas en los procesos penales y la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas a través de sus asesores jurídicos, procurar hacer efectivo cada uno de los derechos y garantías de la víctima, en especial el derecho a la justicia y a la reparación integral.
García Oliveros compartió algunos casos en los cuales mujeres fueron víctimas de irregularidades en el actuar de funcionarios públicos de ambas dependencias estatales; una mujer, madre autónoma de tres, dueña de un negocio de sastrería en Guanajuato capital, la cual fue víctima de delito de acecho el pasado 03 de mayo de 2025, que acudió a abogados de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas quienes llevaron su caso en conjunto con la Fiscalía. Unos días después, la misma dependencia publicó una ficha de vinculación a proceso del imputado donde se informó que se vinculó al mismo sujeto por el delito de violación.
El proceso para este caso tardó meses, y cambiaron de asesores jurídicos 4 veces. El desinterés institucional fue evidente no solo en el proceso de defensa y acompañamiento de la víctima, sino también en el resultado de la denuncia.
La diputada reiteró que esos casos son un ejemplo perfecto de cómo las mujeres viven las barreras para acceder a la justicia y para vivir una vida libre de violencia. Además, exhibe el peligro latente que existe en la sociedad para las niñas, adolescentes y mujeres.
Finalmente, García Oliveros mencionó que la prisa que mostraron los asesores jurídicos y el personal de la fiscalía para acabar con esos casos da cuenta de que la prioridad no es la calidad de la atención, sino acabar lo más pronto posible con los casos que existen. Sin embargo, esa nunca será la solución, dijo, perspectiva pues lejos de reparar y hacer justicia, se termina por revictimizar y generar incertidumbre y desconfianza en las instituciones.
El punto de acuerdo se turnó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para su estudio y dictamen.