La Comisión de Justicia acordó dictaminar en sentido positivo la iniciativa de reforma del Código Civil del Estado, con el objeto de materializar el derecho a la identidad de las personas con discapacidad visual.
Al hacer uso de la voz, la diputada Susana Bermúdez Cano expresó su agradecimiento por el sentido positivo del dictamen, destacando que la iniciativa busca reformar las disposiciones relativas al Registro Civil para garantizar que las actas del estado civil se expidan en formatos Braille o en letra ampliada a solicitud de las personas interesadas.
La legisladora subrayó que esta medida asegura el derecho de las personas con discapacidad visual a acceder de manera directa e independiente al conocimiento de sus asientos registrales y afirmó que este tipo de acciones legislativas generan un impacto real en la vida cotidiana de las personas, haciéndoles sentir tomadas en cuenta por sus autoridades.
En su intervención, el legislador Carlos Abraham Ramos Sotomayor destacó el profundo significado que tiene para las personas con discapacidad visual poder acceder de forma autónoma a sus documentos de identidad e invitó a reflexionar sobre la barrera que representa sostener un papel tan elemental como un acta de nacimiento, matrimonio o defunción.
Explicó que los ajustes razonables propuestos eliminan un obstáculo infranqueable y garantizan que el acceso a la información personal sea un derecho plenamente ejercible, además de resaltar que el formato impreso no debe convertirse en un impedimento más y refrendó su compromiso por continuar respaldando de manera permanente a las personas con discapacidad en Guanajuato.
En otros temas, se aprobaron las metodologías para el análisis de tres iniciativas de reforma al Código Penal del Estado de Guanajuato; primera, a fin de que se materialice la ampliación a la tutela del bien jurídico a la identidad a través de la protección de los datos biométricos inmutables de las personas; segunda, con el objetivo de fortalecer la seguridad pública y evitar que la delincuencia utilice uniformes, insignias, vehículos y otros aditamentos para suplantar a las instituciones de seguridad; y tercera, para fortalecer la seguridad pública y evitar que la delincuencia utilice uniformes, insignias, vehículos y otros aditamentos para suplantar a las instituciones de seguridad.
Mismo trámite recibió la propuesta que busca reformar la Ley de Ejecución de Medidas Judiciales y Sanciones Penales del Estado de Guanajuato, para establecer un Programa Estatal de Trabajo Comunitario para la Reinserción Social.
Las cuatro iniciativas pedirán opinión a la Consejería Jurídica del Ejecutivo; al Supremo Tribuna de Justicia; y a la Fiscalía Geneal; mientras que la propuesta relacionada con la reinserción social añadirá en los comentarios a la Secretaría de Seguridad y Paz. Se subirán a la página web del Congreso del Estado de Guanajuato para consulta y participación ciudadana; y posterior a ello se realizarán mesas de trabajo con las autoridades consultadas.
Al hacer uso de la voz, el diputado Rolando Fortino Alcantar Rojas pidió que para la iniciativa relacionada con la reinserción social, se solicite a la Unidad de Estudio de las Finanzas Públicas un estudio de impacto presupuestario, además de que se agregue en las autoridades consultadas a los municipios por su participación en el tema. La propuesta fue aprobada.
En otros temas, se acordó solicitar información a diversas instituciones para dar respuesta a los siguientes al punto de acuerdo que busca exhortar al Fiscal General del Estado, Gerardo Vázquez Alatriste, a fortalecer la atención y seguimiento de las investigaciones relacionadas con el incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, así como garantizar una actuación pronta, exhaustiva, objetiva y con perspectiva de género en la carpeta de investigación 108007/2025 y en la causa penal 1P1426-397.
La propuesta también plantea garantizar a Virginia Loredo Zazueta asesoría jurídica efectiva, información clara y periódica sobre el avance de su caso, medidas de protección cuando resulten procedentes y atención integral con perspectiva de género, evitando cualquier forma de revictimización y respetando en todo momento su dignidad.
En su intervención, la legisladora Susana Bermúdez Cano reiteró la postura de que el Congreso del Estado carece de facultades y competencia para intervenir directamente en la gestión de negocios, conflictos o litigios privados y aclaró que para esos supuestos ya existen instancias institucionales especializadas encargadas de proporcionar asesoría jurídica, asistencia y atención integral conforme a la Ley de Víctimas del Estado de Guanajuato.
Por lo anterior hizo un apetición para que la solicitud a la Fiscalía General del Estado no se realice de manera genérica, sino enfocarse puntualmente en conocer las razones y circunstancias por las cuales algunas carpetas de investigación por el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar no logran ser judicializadas, toda vez que a partir de esa información si se detectara una problemática institucional o legal subyacente, la Comisión de Justicia sí estaría en posibilidad de intervenir dentro del ámbito de sus atribuciones. La propuesta fue aprobada por mayoría de votos.
También, se avaló la realización de una mesa de trabajo el próximo 11 de noviembre para el análisis de las iniciativas de reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, ambas con la finalidad de crear una Fiscalía Especializada en Investigación en Delitos cometidos en contra de Niñas, Niños y Adolescentes; así como de la propuesta que busca modificar la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, para otorgar a las Fiscalías Especializadas en Investigación de Delitos cometidos en contra de Mujeres por Razones de Género autonomía técnica y operativa y garantizar en ley que su titularidad sea ocupada por mujeres con experiencia en el campo de los derechos humanos y género.
Mientras que el próximo 04 de noviembre se avaló la realización de las reuniones de trabajo correspondientes al análisis de las iniciativas de reforma al Código Civil para el Estado de Guanajuato, para que las personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas puedan solicitar que sus actas del Registro Civil se expidan en su propia lengua indígena, conservando íntegramente su identidad, nombres y apellidos conforme a su escritura y pronunciación, de acuerdo con sus sistemas normativos internos; y de las propuestas a fin de armonizar diversos ordenamientos en materia de atención, prevención y erradicación de las violencias de género, igualdad sustantiva, y lenguaje incluyente, en el marco de la conmemoración del 8 de marzo.
Asimismo, se aprobaron en sentido negativo las siguientes propuestas de punto de acuerdo:
Primera, para exhortar a la persona titular de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato para que instruya la revisión integral de las observaciones, señalamientos, omisiones y posibles irregularidades manifestadas.
De igual manera, la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas del Estado de Guanajuato para que revise la posible calidad de víctimas directas o indirectas, acceso a asesoría jurídica, acompañamiento institucional, medidas de ayuda, asistencia, atención, protección, orientación, acceso a la información y demás derechos reconocidos en la legislación aplicable y al Consejo del Poder Judicial del Estado para que revise las manifestaciones contenidas en el documento referido relacionadas con posibles irregularidades en notificaciones, actuaciones actuariales, trato en audiencia, acceso a salas, retiro o sustitución de defensa particular, atención a personas en situación de vulnerabilidad, conducción administrativa de audiencias y demás actos atribuidos a personal judicial o administrativo del Poder Judicial del Estado.
Segunda, dirigida a la Fiscalía General del Estado, a la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, al Consejo del Poder Judicial del Estado y a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato a revisar y atender, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, diversos señalamientos relacionados con posibles omisiones, deficiencias en la atención institucional y afectaciones a los derechos de personas involucradas en distintos procedimientos.
Y tercera, para exhortar a la persona titular de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato para que, en el ámbito de su autonomía constitucional y sin prejuzgar sobre investigación, determinación ministerial o control judicial alguno, adopte las medidas institucionales necesarias para asegurar que las investigaciones por el delito previsto en el artículo 278 del Código Penal del Estado de Guanajuato, cuando se relacionen con conflictos colectivos de trabajo, observen los principios de legalidad, objetividad y debida diligencia; comprendan elementos de cargo y de descargo; individualicen las conductas atribuidas; y garanticen la presunción de inocencia, la defensa adecuada y el respeto a los derechos laborales reconocidos por el orden constitucional y convencional.
Finalmente, se dio cuenta con la iniciativa de reforma al Código Civil estatal, con el propósito de eliminar las referencias al estado de interdicción y armonizar la legislación civil estatal con el reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas mayores de edad.
En la reunión estuvieron presentes las diputadas Susana Bermúdez Cano y Ruth Noemí Tiscareño Agoitia; así como de los diputados Carlos Abraham Ramos Sotomayor (presidente) y Rolando Fortino Alcantar Rojas.