En sesión de la Comisión de Desarrollo Rural y Fomento Agropecuario se acordó instruir en sentido positivo el dictamen de la iniciativa de reforma a la Ley de Fomento a la Agricultura Familiar del Estado de Guanajuato, con el propósito de fortalecer la soberanía alimentaria, mejorar las condiciones de vida en el medio rural e impulsar un desarrollo agrícola sostenible, con especial atención a las y los pequeños productores de la entidad.
Mismo trámite recibió la propuesta que busca modificar la Ley Ganadera para el Estado de Guanajuato, con el objeto de que las autoridades municipales sancionen la transportación inadecuada de carne en vehículos que no reúnan las condiciones necesarias para garantizar su correcta conservación e inocuidad.
Durante el análisis de este dictamen, la diputada Rocío Cervantes Barba propuso un ajuste de redacción para conservar el texto original relativo a las atribuciones de los ayuntamientos en materia de inspecciones sanitarias en rastros y centros de sacrificio. La propuesta fue aprobada por las personas integrantes de la comisión.
En seguimiento al orden del día, también se avaló la instrucción en sentido positivo de las siguientes propuestas de punto de acuerdo:
Primero, para exhortar a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y a la Comisión Federal de Electricidad para que, considerando que el plazo actualmente establecido para la regularización dentro del Programa Especial de Energía para el Campo vence el 28 de abril del presente año, valoren la ampliación de dicho término, a efecto de brindar a las y los productores agrícolas condiciones razonables para cumplir con los requisitos técnicos previstos en el referido programa; asimismo, se solicita que el proceso de regularización de las instalaciones eléctricas, así como la presentación de los dictámenes emitidos por las Unidades de Verificación de Instalaciones Eléctricas, se instrumente de manera gradual y progresiva, tomando en consideración la capacidad económica y operativa de los productores, con el propósito de evitar afectaciones a la producción agrícola y garantizar la continuidad de las actividades del sector en el estado de Guanajuato y en el resto del país
En este punto, el diputado Carlos Abraham Ramos Sotomayor manifestó que el exhorto, en sus términos originales, había quedado sin materia, ya que el plazo para la regularización fue ampliado por las autoridades federales hasta el 29 de mayo de 2026, precisando que dicha prórroga fue anunciada como la última para el proceso de reinscripción al programa. En ese sentido, señaló que, si bien compartían el fondo del planteamiento, no resultaba procedente insistir en un plazo que ya había sido modificado por la autoridad competente.
Por su parte, el legislador Roberto Carlos Terán Ramos propuso modificar el resolutivo del exhorto para solicitar que las autoridades federales valoren instrumentar un mecanismo extraordinario de regularización que permita a las y los productores agrícolas dar seguimiento y concluir los trámites relacionados con el Programa Especial de Energía para el Campo.
Segundo, dirigido a los titulares de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno Federal y del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria para que informen de manera pública, detallada y sustentada en evidencia técnica el estado epidemiológico actual del gusano barrenador del ganado, así como el diseño integral, los componentes operativos, metas, indicadores, cronograma de ejecución y mecanismos de evaluación de la estrategia implementada integrando un sistema de seguimiento permanente, y que de manera inmediata, adopten las medidas correctivas necesarias para garantizar la operación efectiva y acelerada de una estrategia integral de vigilancia, control y erradicación que permita contener la propagación de la plaga, proteger la sanidad pecuaria nacional y salvaguardar la seguridad alimentaria del país.
En su intervención, el congresista Carlos Abraham Ramos Sotomayor señaló que es importante reconocer la coordinación permanente entre México y Estados Unidos para lograr la reapertura gradual de la frontera a las exportaciones de ganado mexicano, prevista a partir del 24 de agosto de 2026 por el puerto de Douglas, Arizona.
Añadió que dicha decisión responde a la evaluación sanitaria realizada por las autoridades estadounidenses, lo que demuestra que las estrategias implementadas para combatir la plaga están dando resultados, por lo que consideró improcedente el exhorto.
En el mismo sentido, el diputado Roberto Carlos Terán Ramos recordó que desde 2024 advirtieron sobre los riesgos derivados del control en la frontera sur del país y las afectaciones que el gusano barrenador ocasionó a las exportaciones ganaderas. No obstante, reconoció que la próxima reapertura de la frontera constituye un antecedente que demuestra que el Gobierno Federal ha dado seguimiento al problema sanitario.
Por su parte, la legisladora Rocío Cervantes Barba manifestó que, independientemente de los avances registrados para la reapertura de las exportaciones, el Poder Legislativo tiene la facultad de solicitar información oficial a las autoridades federales. Además de que el propósito del exhorto es conocer con precisión las acciones sanitarias implementadas, los mecanismos de capacitación dirigidos al sector pecuario y las medidas de inspección y vigilancia establecidas para contener la propagación del gusano barrenador.
Tercero, para exhortar a las personas titulares de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Economía y la Procuraduría Federal del Consumidor para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y de manera coordinada, diseñen e implementen una estrategia integral para atender el incremento en los precios de los fertilizantes, que contemple: mecanismos de estabilización de costos vinculados a insumos energéticos y logísticos; diversificación y aseguramiento de fuentes de suministro; y acciones de monitoreo y verificación de la formación y transmisión de precios a lo largo de la cadena agroalimentaria.
Durante su intervención, la diputada Plásida Calzada Velázquez señaló que el aumento en el costo de los fertilizantes responde, en gran medida, a factores externos y a condiciones del mercado internacional que afectan no solo a México, sino a diversos países. Asimismo, consideró que la propuesta omitía incorporar un análisis comparativo sobre las importaciones y el costo de estos insumos.
En respuesta, la diputada Rocío Cervantes Barba manifestó que durante anteriores administraciones también existieron apoyos dirigidos a las familias, las personas adultas mayores y al sector agropecuario sin que fuera necesario elevarlos a rango constitucional.
Por su parte, el diputado Carlos Abraham Ramos Sotomayor indicó que durante muchos años existieron prácticas de corrupción en los programas destinados al campo mexicano, situación que impedía que los recursos llegaran directamente a las personas beneficiarias.
A su vez, el diputado Roberto Carlos Terán Ramos expresó que las y los productores demandan resultados concretos y resaltó que quienes trabajan la tierra y dependen de la actividad agropecuaria requieren políticas públicas eficaces, por lo que hizo un llamado a privilegiar el trabajo conjunto en favor del campo guanajuatense.
Cuarto, dirigido a la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal para que coordine y articule a las dependencias competentes de la Administración Pública Federal, a efecto de revisar y evaluar de manera integral las demandas planteadas por los sectores del campo y del transporte, garantizando la emisión de respuestas puntuales, debidamente fundadas y de urgente atención, en consideración a la relevancia social y económica de dichos sectores como actividades estratégicas para el desarrollo del país, así como dar puntual seguimiento a los acuerdos que se asuman; así también en observancia de los principios de transparencia y rendición de cuentas, informe oportunamente a la opinión pública sobre las acciones implementadas, los acuerdos alcanzados y el estado que guarda la atención de cada una de dichas demandas.
Durante la discusión, el diputado Carlos Abraham Ramos Sotomayor informó que, con base en un oficio remitido por la Unidad de Enlace de la Secretaría de Gobernación, existían elementos para acompañar el exhorto, ya que dicho documento establece el mecanismo mediante el cual esa dependencia puede canalizar la solicitud de información a las distintas instancias de la Administración Pública Federal.
Finalmente, se aprobó la modificación a la metodología del punto de acuerdo para exhortar a las personas titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como al Director en Jefe del Registro Agrario Nacional para que realicen las gestiones presupuestales, administrativas y de autorización que resulten necesarias a fin de garantizar la asignación de espacios que permitan la adecuada operación de las oficinas del Registro Agrario Nacional en el Estado de Guanajuato, así como su equipamiento y fortalecimiento operativo, con el propósito de asegurar la continuidad y accesibilidad de los trámites y servicios que dicha institución presta en beneficio de las personas ejidatarias y comuneras de la entidad.
A petición de la diputada Rocío Cervantes Barba, se acordó realizar una mesa de trabajo, con personal del Registro Agrario Nacional en el Estado de Guanajuato, el próximo 20 de agosto a las 9:30 horas, toda vez que la propia institución federal planteó la realización del encuentro. La propuesta fue avalada.
Al respecto, el diputado Carlos Abraham Ramos Sotomayor destacó que con esta decisión queda constancia de la disposición del Congreso del Estado para mantener el diálogo y la coordinación con las autoridades federales en beneficio del campo guanajuatense.
En la reunión estuvieron presentes las personas diputadas Rocío Cervantes Barba (presidenta), Plásida Calzada Velázquez y Noemí Márquez Márquez; así como los diputados Roberto Carlos Terán Ramos y Carlos Abraham Ramos Sotomayor.