Guanajuato, Gto. – Las diputadas y los diputados que integran la Comisión de Justicia aprobaron el dictamen que contiene dos iniciativas de reforma al Código Civil, con el objeto de eliminar supuestos discriminatorios y lograr un trato más igualitario entre hombres y mujeres.
En dicha propuesta se actualizan algunas disposiciones civiles que aún contienen términos discriminatorios en relación con la mujer, es decir se deroga el artículo 155 que establecía que la mujer no podía contraer nuevo matrimonio sino hasta pasados trescientos días después de la disolución del anterior, a menos que dentro de ese plazo diere a luz un hijo.
Con dichas reformas, también se establece que contra las presunciones de paternidad se admitirán los métodos científicos que permitan probar con certeza la misma.
También se aprobó el dictamen de la iniciativa de reforma al Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, mediante la cual se cambia la denominación del Tribunal de lo Contencioso Administrativo al de Tribunal de Justicia Administrativa, a efecto de evitar confusiones en los usuarios.
Análisis de la iniciativa en materia de extorsión
En la sesión se analizó la iniciativa que propone reformar el Código Penal del Estado de Guanajuato para que la extorsión sea considerada dentro de los delitos contra la libertad y la seguridad de las personas.
Con la propuesta se plantea modificar la actual redacción del tipo penal básico de extorsión. Además, se propone especificar en una de las actuales agravantes de la extorsión, la portación de arma de fuego y aumentar de una mitad del mínimo a una mitad del máximo la pena del básico.
La diputada Laura Cristina Márquez Alcalá manifestó que la extorsión siembra inseguridad y hace que las víctimas no se encuentren en disposición de denunciar, por lo que provoca que ese delito se extienda más. Afirmó que en enero de 2022 se incrementó en más de un 500% y, por lo tanto, obligaba a dotar de mejores herramientas jurídicas en beneficio de quienes sean víctimas de ese delito.
El magistrado Daniel Chowell se pronunció a favor de la propuesta, solo realizó algunas sugerencias en la redacción de la misma; mientras que Bernardina Elizabeth Durán Isaís, directora jurídica de la Fiscalía, coincidió en el carácter multiofensivo de la extorsión y con la propuesta de modificación penal en discusión.
Por su parte, José de Jesús Quezada Torres, fiscal especializado en delitos de alto impacto de la Fiscalía General del Estado, habló de la necesidad de realizar esta modificación y las dificultades para su persecución, ante la negativa de la población de denunciar.
La diputada Susana Bermúdez Cano coincidió con los argumentos y solicitó que quedaran asentadas las observaciones por parte del Supremo Tribunal en cuanto a la redacción. Asimismo, apuntó que era una medida razonable y que como política criminal se requerían estas y otras medidas. Agregó que reconocían que el delito de extorsión era multiofensivo y por ello, eran necesarias este tipo de propuestas.
En su intervención, el congresista Gustavo Adolfo Alfaro Reyes señaló que no solamente se iba a poder combatir la extorsión cambiando el tipo penal de capítulo en el Código, que no había razón jurídica para romper la armonía normativa, sino que se requería la eficacia en su investigación. Asimismo, subrayó que el que no se denunciara no era razón suficiente para la modificación, por lo que estaba en contra de la propuesta.
La representante de la Fiscalía expresó que la extorsión no únicamente afectaba el patrimonio, sino que iba mucho más allá, por lo que era válida la modificación normativa; mientras que el congresista Bricio Balderas Álvarez propuso se clarificara lo que era un arma remitiendo el texto a la última fracción del artículo 194
Finalmente, la congresista Laura Cristina Márquez Alcalá manifestó que en términos generales había coincidencia con la propuesta e hizo un recuento de los comentarios emitidos, para, posteriormente instruir la elaboración del dictamen en sentido positivo.
Otros asuntos
Como parte del orden del día de la reunión se radicó y aprobó la metodología de la iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Guanajuato, formulada por el ayuntamiento de León, con la finalidad incluir el tipo penal de conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de algún narcótico o estupefaciente, ameritando las sanciones de prisión, multa y suspensión de la licencia o permiso de conducir.
La propuesta legal se remitirá a las diputadas y diputados integrantes de la Legislatura, al Supremo Tribunal de Justicia, a la Fiscalía General del Estado y a la Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado, quienes contarán con 10 días hábiles para enviar sus comentarios. Además, se habilitará una liga en el portal del Congreso para consulta y participación ciudadana, por el mismo periodo.
El diputado Gerardo Fernández González propuso incluir a los 46 municipios de la entidad, su propuesta fue aprobada.
En la reunión estuvieron presentes las diputadas Laura Cristina Márquez Alcalá (presidenta), y Susana Bermúdez Cano; así como los diputados Bricio Balderas Álvarez, Cuauhtémoc Becerra González y Gustavo Adolfo Alfaro Reyes.
También participaron Daniel Chowell Arenas, magistrado del Poder Judicial; Bernardina Elizabeth Durán Isaís, directora jurídica de la Fiscalía General; Ricardo Malagón Parada, coordinador general de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro; José de Jesús Quezada Torres, fiscal especializado en delitos de alto impacto de la Fiscalía General del Estado; y Alejandro Arias Ávila Rodríguez Pacheco, de la Coordinación General Jurídica.